El Gobierno cubano ha puesto en marcha un nuevo mecanismo para redistribuir los fondos de salarios no ejecutados en las unidades presupuestadas, con el objetivo de incentivar la permanencia de la fuerza laboral.
La medida quedó oficializada en el Acuerdo 10199 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 45 del 11 de agosto de 2025.
Un pago adicional con carácter legal
El documento establece que la redistribución “se considera pago adicional y salario a todos los efectos legales, sin que su aplicación constituya sistema de pago”. Esto significa que el beneficio se integrará al salario, pero no se convertirá en un incremento fijo, sino que dependerá de los ahorros reales en el gasto de personal.
La viceministra primera de Finanzas y Precios, Maritza Cruz García, precisó que este pago se aplicará a trabajadores de todas las categorías ocupacionales en el sector presupuestado, incluidas las unidades con tratamiento especial. Sin embargo, se excluye a los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales con incrementos salariales diferenciados, así como a unidades asistenciales y educativas donde ya se otorgan pagos por máximo esfuerzo o sobrecarga docente.
En cambio, sí podrán recibirlo empleados de esos sectores que no estén beneficiados por esas medidas, como áreas contables, de servicios o personal de apoyo.
Procedimiento y requisitos
Según el acuerdo, “el jefe de cada unidad presupuestada, en su condición de administrador del presupuesto, aprueba el reglamento interno para la redistribución del fondo de salarios, previo acuerdo del Consejo de Dirección”. Este reglamento deberá elaborarse con la participación de la organización sindical, analizarse en la asamblea general de trabajadores e incorporarse al convenio colectivo.
El texto fija que el reglamento debe contener como mínimo:
- La fuente de financiamiento: inejecuciones del fondo de salarios aprobados.
- La periodicidad del pago: puede ser único, mensual, trimestral o por el tiempo que se determine, sin carácter permanente ni masivo.
- Procedimiento para el otorgamiento: criterios de alto desempeño, reconocimiento a personal calificado, cargos de mayor responsabilidad, gestión por competencias y distribución individual.
- Autoridades que certifiquen el ahorro y el cumplimiento de requisitos.
- Sistema de control.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, advirtió que “no se trata de dividir el fondo salarial inejecutado entre todos los trabajadores”, sino de priorizar a quienes tienen mayor carga de trabajo y un desempeño destacado.
Plazos y control estatal
El Acuerdo concede 30 días a los organismos y entidades para analizar la fuerza laboral y la disponibilidad de fondos, aprobar lineamientos generales y definir las unidades que podrán aplicar la medida. Pasado este plazo, se podrán realizar pagos desde octubre, con efecto sobre el mes de septiembre.
Las autoridades deberán “evaluar trimestralmente la aplicación de esta medida y presentar al Ministerio de Finanzas y Precios un informe de sus resultados e impactos, como parte de las notas al Balance de los Estados Financieros, durante el plazo de un año”.
Contexto laboral y limitaciones
El sector presupuestado emplea a más de un millón de personas, casi el 49% del empleo estatal, con un 70% de su plantilla en educación y salud. La alta rotación, el envejecimiento de la población y la falta de completamiento de plantillas han dejado miles de vacantes, generando sobrecargas de trabajo.
Maritza Cruz García reconoció que “esta es una medida parcial que no resuelve todos los problemas salariales del sector presupuestado”, aunque confía en que ayudará a retener trabajadores mientras se avanza en mejorar la capacidad productiva y los ingresos del Estado.
José Antonio Pérez, miembro de la comisión organizadora del congreso de la CTC, destacó que es “esencial la transparencia en todo el proceso” y que se realicen evaluaciones periódicas para garantizar un uso justo y eficiente de los fondos.
Un escenario económico adverso
Pese a la implementación de esta medida, gran parte de la población cubana enfrenta una situación económica crítica. El salario medio ronda los 6 500 pesos, pero la inflación sostenida ha encarecido notablemente los alimentos y productos básicos. En el mercado informal de divisas, el dólar se cotiza hoy a 398 pesos, lo que reduce aún más el poder adquisitivo de los ingresos en moneda nacional y limita la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades esenciales.
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