La provincia de Las Tunas ha experimentado un preocupante aumento en los delitos contra el patrimonio público durante los primeros cuatro meses de 2024.

Según la Delegación del Ministerio del Interior, se reportaron 500 delitos contra recursos o inmuebles de propiedad estatal. Entre estos, 18 robos con fuerza afectaron a bodegas, e igualmente destacan los robos a consultorios médicos y del cableado de cobre de las redes eléctricas.

Este incremento del cinco por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior ha generado alarma en la comunidad.

Aunque estos 500 delitos representan menos de la décima parte de los cometidos en toda la provincia, su impacto es significativo debido a los daños causados a entidades que prestan servicios a decenas o incluso miles de personas.

Las autoridades de la provincia reconocen que la poca iluminación y la mínima protección mediante rejas, dispositivos de seguridad o personal especializado han facilitado la labor de los malhechores.

Jaime Ernesto Chiang Vega, gobernador de Las Tunas, enfatizó que la responsabilidad primaria ante estos delitos recae en las administraciones y empresarios, quienes deberán rendir cuentas sobre las medidas de protección implementadas. Además, resaltó la importancia del involucramiento de los actores comunitarios en la vigilancia de los establecimientos.

En respuesta a esta situación, las autoridades del territorio han decidido revisar cada dos semanas cómo los organismos o empresas afectadas están afrontando y previniendo la ocurrencia de delitos.