El gobierno cubano está en camino de entregar el control de miles de restaurantes de todo el país a formas de gestión no estatales, con el objetivo de aligerarse de la pesada carga que supone subsidiar estos locales y establecimientos que por décadas han sido administrados únicamente por el estado, y muchos de los cuales hoy muestran una apariencia y gestión deplorable.

La noticia la ha compartido este jueves la agencia británica Reuters, que declara haber accedido a informes locales y a una fuente implicada en la medida, que supondría un cambio radical en el sector de “la gastronomía”, de los que arrastran una peor reputación en el país, por sus de malos servicios, estafas a los clientes, y desvíos de recursos. El gobierno, sin embargo, no ha accedido a una solicitud de comentarios sobre el tema.

Según el texto se estarían pasando a manos no estatales una parte consideraable de los grandes restaurantes y las pequeñas cafeterías o fondas que existían antes en la isla y que fueron también nacionalizados en 1968.

“En los últimos discursos, el sucesor de Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel, sostuvo que se eliminarán los subsidios para los restaurantes estatales como parte de una reforma monetaria que se espera para fines de año”, publica Reuters, en referencia a la tarea ordenamiento, que según fuentes oficiales se llevará a cabo “un día 1 de cualquier mes”, y de la cual muchos capitalinos refieren que se prepara para el 1 de diciembre próximo.

“El plan que ahora se está poniendo en práctica exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas”, aseguró a Reuters un gerente senior del departamento de servicios de alimentos de La Habana, que le solicitó a la agencia mantenerse en el anonimato.

Tras las medidas económicas impulsadas durante la gestión de Raúl Castro, 258 establecimientos gastronómicos se convirtieron en cooperativas o pequeñas empresas privadas bajo un sistema de arrendamiento, de los aproximadamente 1900 restaurantes de propiedad estatal que existen en La Habana. Según el reporte, un 60% de esas unidades lograron mejorar significativamente su servicio, aumentar el salario entre un 600% y un 800% y ponerle freno a los hurtos e ilegalidades.

“El proceso nunca debería haberse detenido y pienso que esta vez sucederá ya que el sistema no podrá resistir un mayor escrutinio”, agregó la fuente a Reuters, y aseguró “ahora más del 70% del resto seguirá su ejemplo”, para lo cual las autoridades gubernamentales de La Habana ya han seleccionado una docena de restaurantes que se mantendrán bajo gestión estatal, mientras que otros 450 establecimientos pasarán a arrendamiento.

En la información no se ofrecen detalles de cómo será el proceso en las restantes provincias del país, pero la Agencia Cubana de Noticias (ACN) aseguró la semana pasada que una nueva empresa estatal local mantendrá el 15% de los 486 restaurantes administrados por el gobierno en la central provincia de Camagüey.

“Las demás instalaciones pasarán a formas no estatales de gestión, ya sea en la modalidad de trabajo por cuenta propia o a cooperativas no agropecuarias, lo cual todavía no se ha determinado”, indicaba el reporte de ACN, en el cual se explicaba que este nuevo mecanismo de gestión busca elevar la calidad en los servicios, con mayor autonomía y mejor gestión comercial, económica y financiera.

Luego que Raúl Castro anunciara la cesión del control estatal sobre un grupo de actividades no fundamentales en 2011, el proceso ha sido lento y se ha caracterizado por la tímida transferencia de locales y gestiones al sector cooperativo y privado, sin embargo, las pocas autorizaciones han bastado para abrir una competencia en la que el sector estatal se ha llevado la peor parte.

Esta realidad no puede ser ignorada por el gobierno de la isla, y resultaría razonable soltar amarras de una vez en un momento de graves tensiones financieras, que se podrían ver aún más agravadas cuando llegue el “día cero” para la anunciada unificación monetaria.

“Las autoridades cubanas han declarado una emergencia y están impulsando varias reformas orientadas al mercado aprobadas por primera vez hace una década bajo el entonces presidente Raúl Castro, pero que se estancaron por intereses burocráticos y conservadores”, indica Reuters.