Durante el trimestre de julio a septiembre, el gobierno cubano recaudó un total de 428 millones de pesos, producto de la imposición de aproximadamente 171.000 multas. Principalmente dirigidas al sector privado.

Según fuentes oficiales, las principales sanciones se deben a la violación de los topes de precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios.

El ministro de esa cartera, Vladímir Regueiro Ale, informó que durante este periodo se realizaron 3.7 veces más inspecciones que en los seis meses anteriores y que las violaciones detectadas fueron 3.8 veces mayores. Estas acciones son parte de una estrategia oficial para enfrentar lo que se ha calificado como «precios abusivos y especulativos».

No obstante, esta campaña no afecta a las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), operadas por el propio gobierno, que venden productos de primera necesidad a precios elevados en divisas. Este tipo de moneda no es la que percibe el salario de la mayoría de los cubanos, lo que genera aún más controversias.

Ventas forzosas y cierre de actividades

Además de las sanciones monetarias, las autoridades han realizado acciones como la venta forzosa de bienes, el cierre de negocios y el decomiso de mercancías, con el objetivo de regular la economía y combatir las actividades ilegales.

Vladímir Regueiro subrayó la importancia de continuar capacitando a los inspectores, mejorar el trabajo de los comités de contratación y llenar las vacantes laborales, muchas de ellas provocadas por la emigración masiva. El ministro hizo hincapié en que este esfuerzo es fundamental para fortalecer el control de precios en todo el país.

Durante una reciente reunión del Grupo de Trabajo para la prevención de delitos, Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), señaló la necesidad de supervisar también el cumplimiento del pago de impuestos. Ortega comentó que muchos contribuyentes subdeclaran sus ingresos, evadiendo así el pago correcto de sus impuestos.

Para combatir esta situación, el gobierno ha implementado un monitoreo más estricto de las mercancías importadas. Esto ha permitido identificar inconsistencias en la capacidad contributiva de algunos importadores y en los depósitos bancarios de ciertos negocios. Estas acciones buscan garantizar una mayor recaudación fiscal.

A pesar de los esfuerzos, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, reconoció que la población no aceptará plenamente las medidas hasta que los precios en los mercados empiecen a bajar, lo que aliviaría las tensiones económicas que afectan a los ciudadanos.

Restricciones al sector privado en 125 actividades

En paralelo a las multas, el gobierno cubano también emitió recientemente una lista de 125 actividades en las que el sector privado no podrá operar. Esta decisión limita aún más el potencial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en la Isla. Sectores clave como la educación, salud, energía, minería y medios de comunicación quedan fuera del alcance del emprendimiento privado.

Estas restricciones buscan mantener el control estatal en sectores estratégicos, asegurando que las actividades consideradas esenciales para el desarrollo del país permanezcan en manos del gobierno. Para muchos emprendedores, estas limitaciones representan un obstáculo significativo para el crecimiento de sus negocios y la posibilidad de participar en la economía nacional.

La medida llega en un momento crítico, cuando la crisis económica, agravada por las sanciones internacionales y la pandemia, ha forzado a muchos cubanos a buscar en el sector privado una alternativa de subsistencia.