Madres, padres, esposos e hijos viven horas de incertidumbre tras la entrada en vigor de la proclama presidencial que limita el otorgamiento de visas desde Cuba. La categoría F2A, una de las más afectadas.

Familias separadas y procesos paralizados

Desde este 9 de junio, miles de familias cubanas con procesos legales de reunificación han quedado en el limbo. La nueva Proclamación Presidencial firmada por Donald Trump suspendió total o parcialmente la emisión de visas a ciudadanos de 19 países, incluida Cuba. Aunque el comunicado de la Embajada de Estados Unidos habla de “excepciones limitadas”, el impacto ya es visible: cancelaciones de entrevistas, procesos congelados y angustia generalizada.

La medida, según la embajada, responde a criterios de seguridad nacional. Sin embargo, no ha sido acompañada de una lista clara sobre qué categorías migratorias continúan y cuáles quedan detenidas. La opacidad ha afectado sobre todo a quienes estaban a punto de completar trámites familiares después de años de espera.

El drama de la categoría F2A

Entre los más perjudicados están los solicitantes de la categoría F2A, que permite la entrada de esposos e hijos menores de residentes permanentes. Los testimonios publicados en redes sociales reflejan una preocupación común: muchos de estos procesos ya estaban aprobados y solo esperaban la cita consular.

Una madre escribió:
“Mi hija está en Cuba, lejos de mí, y cada día que pasa es más duro vivir esta separación. Ya teníamos el caso aprobado. Solo falta la entrevista. Por favor, escuchen nuestras súplicas.”

Otra ciudadana expresó:
“Soy madre residente con dos hijos en Cuba. Me siento consternada al tener que procesar la opción de no tenerlos conmigo, cuando este país me abrió la puerta para construir una familia aquí.”

Una espera que ya duraba años

Muchos beneficiarios de visas F2A, F1 o F2B reportan haber esperado entre 6 y 10 años para avanzar en sus expedientes. Con esta suspensión, se enfrentan a un nuevo aplazamiento indefinido. Las consecuencias afectan principalmente a niños que han crecido sin uno de sus padres, y matrimonios separados por años.

Un padre alertó:
“Mi hijo de seis años está esperando por su visa. Hemos hecho todo por la vía legal. ¿Ahora nos castigan por no haber cruzado la frontera ilegalmente?”

Otro comentario fue aún más directo:
“La mayoría de los que hemos solicitado visas familiares no representamos ningún riesgo. Queremos ver a nuestros hijos, no violar las leyes.”

Promesas incumplidas y un sentimiento de traición

Varios usuarios recordaron que el propio presidente Trump prometió favorecer la inmigración legal.
“Su campaña fue basada en la migración ordenada y legal. ¿Dónde queda eso ahora?”, preguntó una mujer que lleva años esperando traer a su esposo bajo la categoría F2A.

Los comentarios se llenaron de etiquetas como #SOSF2A, #CastigadosPorSerLegales, #JusticiaParaLasFamilias, reflejo del malestar creciente en una comunidad que optó por la vía oficial, con todos los documentos, formularios y pagos exigidos.

Silencio ante casos aprobados

El caso más común reportado es el de beneficiarios ya aprobados por USCIS, cuya única etapa pendiente era la entrevista en la Embajada en La Habana. Pero desde la entrada en vigor de la proclama, muchos de estos casos han sido puestos en pausa, sin información clara ni plazos.

Una usuaria expuso:
“¿Qué hacemos ahora con los casos aprobados? ¿Dónde está el respeto por nuestras familias y nuestros hijos menores que necesitan reunirse con sus padres?”

¿Qué pasará ahora?

Hasta el momento, no se ha publicado ningún procedimiento especial para los casos familiares en curso. El Departamento de Estado indicó que las restricciones serán revisadas cada 90 días, pero eso no garantiza avances para quienes esperan desde hace años.

Tampoco se ha informado si habrá prioridad para menores de edad o para expedientes ya aprobados. Esta falta de información oficial ha aumentado la frustración, incluso entre quienes residen legalmente en Estados Unidos y aportan a la economía del país.

Sentencia de una madre cubana en redes sociales

“Nuestro único delito fue creer en el sistema y hacer todo legalmente. Nuestros hijos no son terroristas, son niños que quieren abrazar a su madre.”

La proclamación, en lugar de golpear a gobiernos o redes ilícitas, ha vuelto a castigar al ciudadano común. A las familias. A los que confiaron en la ley.

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