Una medida crucial para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela está llegando a un momento decisivo. Más de medio millón de personas, que ingresaron al país bajo un programa especial, enfrentan un plazo inminente.

La incertidumbre se cierne sobre sus futuros, mientras las autoridades refuerzan los llamados a tomar medidas inmediatas para evitar complicaciones legales.

El programa en cuestión, implementado hace dos años, ha permitido a miles de familias encontrar una vía legal para establecerse temporalmente en Estados Unidos. Sin embargo, esa puerta no permanecerá abierta por mucho tiempo. A medida que se acerca la fecha límite, aumenta la presión para que los beneficiarios tomen acción y aseguren su permanencia en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha recordado que este programa, conocido como parole humanitario, ofrece una estancia de 24 meses, pero exige que los beneficiarios regularicen su estatus migratorio antes de que el tiempo expire. De no hacerlo, se exponen a la posibilidad de deportación o a la obligación de abandonar el país voluntariamente.

Opciones para regularizar el estatus

Los migrantes tienen alternativas legales para permanecer en el país. Entre ellas, solicitar asilo o acogerse a beneficios específicos. Los cubanos, por ejemplo, pueden optar a la residencia permanente (Green Card) a través de la Ley de Ajuste Cubano.

Si no se logra un cambio de estatus antes del plazo establecido, los migrantes perderán la protección que el parole humanitario les ofrece y podrían enfrentar procesos legales de deportación.

El impacto del programa en cifras

Desde su expansión en 2023, más de 531,000 personas han ingresado al país bajo este esquema. Las cifras más recientes muestran:

• Cubanos: 110,970 solicitudes aprobadas, con 110,240 ingresos.
• Haitianos: 213,200 solicitudes aprobadas, con 211,040 ingresos.
• Nicaragüenses: 96,270 solicitudes aprobadas, con 93,080 ingresos.
• Venezolanos: 120,770 solicitudes aprobadas, con 117,320 ingresos.

Desafíos y responsabilidades

El proceso para regularizar el estatus no está exento de complicaciones. Algunos enfrentan problemas con huellas biométricas, necesarias para los trámites migratorios, mientras que los patrocinadores de los beneficiarios tienen responsabilidades importantes, como garantizar que los migrantes no se conviertan en una carga pública.

El tiempo apremia, y el DHS insta a los beneficiarios del parole a actuar de inmediato. Los próximos días serán decisivos para determinar el futuro de miles de familias que buscan estabilidad y permanencia en Estados Unidos.