El mayor recorte en la historia del programa de asistencia alimentaria SNAP amenaza con dejar sin ayuda a millones de personas vulnerables, incluyendo refugiados, asilados y personas bajo estatus humanitarios. Sin embargo, el gobierno desembolsa miles de millones para programas antiinmigrantes y de deportación.

Una reducción histórica y un golpe a los más vulnerables

El proyecto de ley impulsado por legisladores republicanos en la Cámara de Representantes propone reducir en un 30 % el presupuesto del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), más conocido como «food stamps». La medida implicaría una pérdida acumulada de 300 mil millones de dólares hasta el año 2034.

Además del recorte general, la propuesta restringe el acceso a este y otros programas federales como Medicaid, Medicare y ayudas educativas para refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS y personas con parole humanitario. También se contemplan tarifas elevadas para trámites migratorios y se obligaría a las familias a pagar por la detención de sus hijos, dificultando la protección y reunificación familiar.

Grupos afectados por las nuevas restricciones

Quedarían excluidos de SNAP bajo esta reforma:

• Refugiados ya reconocidos

• Solicitantes de asilo

• Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS)

• Individuos bajo parole humanitario

• Víctimas de trata de personas

• Asilados

• Otros migrantes con estatus temporales humanitarios

Reducción directa en los hogares

Los hogares con niños perderían en promedio 229 dólares mensuales en ayudas alimentarias. En general, la pérdida promedio sería de 254 dólares por familia. A partir de 2028, se prevé una reducción del 5 al 25 % en la financiación federal para cubrir estos beneficios básicos, lo que obligaría a los estados a asumir parte del costo, algo sin precedentes desde la creación del programa.

Expertos señalan que algunos estados podrían no estar en condiciones de cubrir estos gastos adicionales, lo que podría llevar a la eliminación parcial o total del programa SNAP en ciertas regiones.

Excepciones que aún permitirían el acceso a SNAP

Los siguientes grupos conservarían el derecho al beneficio:

• Personas mayores de 65 años

• Personas con discapacidades permanentes o prolongadas

• Hogares con niños menores de 7 años

• Beneficiarios de otros programas públicos como SSI o TANF

Sin embargo, los requisitos laborales se endurecerán para personas entre 55 y 64 años, así como para hogares con hijos mayores de siete años, eliminando muchas de las exenciones actuales, incluso en zonas de alto desempleo.

Impacto en comercios locales y comunidades rurales

Más allá del perjuicio directo a los beneficiarios, los recortes tendrían consecuencias económicas graves para comunidades que dependen del gasto generado por los cupones de alimentos. En zonas rurales, donde el SNAP representa una parte importante del consumo, los efectos serían devastadores para pequeños comercios, mercados y proveedores.

Aumento del presupuesto para detenciones y deportaciones

Mientras se recorta el acceso a la alimentación, el mismo paquete legislativo contempla un aumento masivo en el presupuesto de inmigración. Se destinarían 110 mil millones de dólares adicionales a ICE para ampliar su capacidad de detención, incluyendo la posibilidad de detener indefinidamente a familias enteras. Además, otros 90 mil millones se usarían para reforzar la militarización de la frontera.