En los últimos meses, la nueva política migratoria ha redefinido el rumbo de miles de personas que intentaban establecerse en Estados Unidos.
Los registros oficiales muestran que hay un grupo queconcentra una parte significativa de las expulsiones hacia países donde no nacieron ni poseen ciudadanía.
La tendencia, que comenzó a consolidarse en la primera mitad del año, tiene su origen en una combinación de cambios legales y decisiones ejecutivas que amplían las facultades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para actuar con rapidez. En algunos casos, el aviso previo de deportación se limita a seis horas.
El marco legal que respalda estas acciones incluye una reciente decisión de la Corte Suprema que avala el envío de migrantes a terceros países siempre que exista algún tipo de notificación. Aunque sin precisar cómo debe garantizarse el derecho a defensa. Esto ha generado un vacío legal que abogados y defensores califican como un riesgo grave para las garantías básicas.
En la práctica, las expulsiones afectan a personas con perfiles muy distintos. Solicitantes de asilo con trámites pendientes, residentes de larga data con órdenes antiguas y migrantes sin antecedentes penales. La mayoría es enviada a naciones de habla hispana, aunque también se han documentado casos hacia destinos tan lejanos como Austria, Italia o el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur.
Finalmente, los datos revelan que los venezolanos encabezan la lista. Dos de cada cinco deportaciones a terceros países involucran a ciudadanos de Venezuela, lo que los coloca como el grupo más afectado por la estrategia de la administración Trump.
Destinos y condiciones tras la deportación
Entre enero y junio, más de 2.900 venezolanos fueron enviados a países con los que no tenían vínculos. México, Honduras, El Salvador y España figuran entre los principales receptores, aunque con situaciones muy dispares.
En marzo, una orden ejecutiva basada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permitió deportar a 230 venezolanos a El Salvador bajo acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua. Todos fueron ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de que más de la mitad no tenía antecedentes penales.
Otros 1.850 fueron enviados a México, donde, según abogados, la mayoría recibió solo un permiso de tránsito de 10 días y quedó varada sin opciones legales. En el norte del país, varios fueron abandonados en localidades remotas sin acceso a asistencia jurídica ni medios para continuar su viaje.
Una política con impacto regional
Aunque los venezolanos concentran la mayoría de los casos, cubanos, nicaragüenses y haitianos también han sido afectados. En el primer semestre, 514 cubanos fueron enviados a México. 230 nicaragüenses a países de Centroamérica y 90 haitianos a distintas naciones.
Defensores y organizaciones internacionales advierten que, lejos de frenar la migración irregular, esta política desplaza el problema hacia países que no cuentan con infraestructura para recibir a las personas expulsadas. Dejándolas en situación de vulnerabilidad extrema.
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