Trump impone un nuevo requisito para migrantes en Estados Unidos. A continuación los detalles.

El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una medida que impactará directamente a los migrantes en situación irregular.

Esta nueva exigencia, impulsada por la administración de Donald Trump, ya ha generado preocupación entre expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes.

La orden, basada en una ley de larga data, establece que quienes no cumplan con el proceso podrían enfrentar sanciones severas. Multas, procesos judiciales y hasta la posibilidad de prisión forman parte de las consecuencias para quienes ignoren este nuevo requisito.

A partir de ahora, todo migrante indocumentado mayor de 14 años deberá registrarse oficialmente ante las autoridades migratorias. El proceso incluye la entrega de huellas dactilares y la obligación de proporcionar una dirección válida. Este sistema de control, anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), se fundamenta en la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El gobierno de Trump sostiene que esta medida responde a la «necesidad de identificar y rastrear a personas sin estatus legal», como parte de su política de seguridad nacional. Sin embargo, grupos de defensa de los inmigrantes han advertido que este registro podría ser usado para acelerar detenciones y deportaciones masivas.

Según USCIS, una vez completado el trámite, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitirá un documento de registro. Todo migrante mayor de 18 años deberá portar esta identificación en todo momento.

Reacciones y advertencias sobre el nuevo control migratorio

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) criticó la medida, señalando que podría generar temor incluso entre quienes tienen estatus legal. Su presidenta, Kelli Stump, advirtió que esta política podría derivar en un sistema de “enséñame los papeles”, donde ciudadanos y residentes permanentes se sientan obligados a portar documentación en todo momento.

«Ya hemos visto casos en los que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por errores burocráticos. Esto solo incrementará el caos y la incertidumbre», afirmó Stump.

Por su parte, el director de AILA, Benjamin Johnson, aseguró que el registro obligatorio es parte de una estrategia para etiquetar a los inmigrantes como delincuentes y justificar un plan de deportaciones masivas. «Más que un proceso administrativo, esto parece una trampa legal», advirtió.

Un paso más en la política migratoria de Trump

El presidente justificó esta medida como parte de su promesa de «restablecer el orden» en la frontera y dentro del país. En su orden ejecutiva, titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, criticó a la administración anterior por haber permitido lo que calificó como una «avalancha sin precedentes» de inmigración ilegal.

«Millones de extranjeros ilegales han cruzado nuestras fronteras y han sido liberados en comunidades estadounidenses, generando enormes costos para los contribuyentes», señala el documento firmado por Trump el 20 de enero.

La administración ha dejado claro que quienes no cumplan con la orden de registrarse estarán en riesgo de enfrentar acciones legales. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y expertos en migración advierten que la medida podría intensificar el miedo dentro de la comunidad inmigrante y abrir la puerta a más abusos en la aplicación de la ley.