Un centro de detención instalado en pleno corazón de los Everglades ya comenzó a operar como punto de deportación aérea de inmigrantes indocumentados.

Así lo anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa desde el polémico recinto.

La instalación, apodada el ‘Alcatraz de los Caimanes’, fue habilitada el pasado 3 de julio en un aeródromo abandonado al oeste de Miami. En solo tres semanas, ha sido escenario de protestas, denuncias por malos tratos y ahora, deportaciones activas.

Un centro con pista propia para expulsiones rápidas

“Ya hemos tenido cierto número de vuelos en los últimos días, hemos removido a cientos de indocumentados desde aquí”, dijo DeSantis, señalando que los vuelos forman parte de las nuevas operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El objetivo, según explicó el gobernador, es acelerar las deportaciones y aumentar su frecuencia. Para ello, el gobierno estatal planea incorporar a miembros de la Guardia Nacional como jueces migratorios, una medida aprobada directamente por Donald Trump durante su visita a la instalación a inicios de julio.

“La pista aérea que tenemos aquí es clave. Este aeropuerto puede recibir aeronaves comerciales y operar de día y de noche”, subrayó DeSantis. El centro tiene actualmente capacidad para 2,000 detenidos, pero se espera que alcance los 4,000.

Crecen las críticas y denuncias de abuso

Familiares de los detenidos y activistas han calificado el lugar como un “campo de concentración”. Desde su apertura, denuncian que al menos seis personas han sido hospitalizadas y se han documentado condiciones “inhumanas” y “peligrosas” dentro del recinto.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta formal al estado exigiendo acceso al lugar para realizar inspecciones y garantizar que se respeten los derechos humanos.

Florida como punta de lanza de la política migratoria de Trump

Durante su intervención, DeSantis defendió el papel de Florida como líder en la implementación de las directrices migratorias de la actual administración. Aseguró que el estado ha impedido el arribo de más de 18,000 migrantes por mar, y que todos los condados ya están colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El gobernador no especificó la cantidad exacta ni las nacionalidades de los inmigrantes deportados hasta ahora.

Sin embargo, recordó que la meta federal es expulsar a unas 800,000 personas, de las cuales entre 50,000 y 75,000 se encuentran en Florida.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo en torno a la legalidad y humanidad de esta nueva estrategia de detención y deportación masiva, en un contexto donde las políticas migratorias se endurecen cada día más bajo el gobierno de Trump.