El gobernador Ron DeSantis firmó euna ley que clasifica entre las más estrictas del país contra inmigrantes sin estatus legal. La medida obliga a todas las agencias policiales del estado a colaborar con ICE, endurece condenas, elimina beneficios educativos y otorga nuevas competencias al aparato estatal en materia migratoria. Juristas, activistas y empresarios han advertido sobre las consecuencias sociales, legales y económicas de esta legislación.

Colaboración obligatoria entre policía y agentes migratorios

Desde su entrada en vigor el 14 de febrero, la ley SB-2 impone la colaboración forzosa entre todos los cuerpos policiales del estado y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El texto extiende el programa 287(g), que antes aplicaba en 67 condados, y establece que ningún departamento podrá negarse a participar en operativos migratorios.

Los funcionarios que se opongan podrían ser sancionados con multas de hasta 5.000 dólares o ser destituidos. Además, se permite la detención de personas sin orden judicial si existe sospecha de violación migratoria, lo que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles.

Nuevos delitos y penas más duras para indocumentados

La SB-2 crea un nuevo delito estatal: reingresar a Florida tras haber entrado al país sin autorización. También aumenta las penas para delitos menores si el acusado no tiene papeles. Por ejemplo, un hurto que antes implicaba hasta un año de prisión, ahora puede castigarse con cinco años de cárcel y multas más altas si lo comete un inmigrante sin estatus legal.

La ACLU ha calificado estas disposiciones como inconstitucionales por violar el principio de igualdad ante la ley. “No puede ser que una misma conducta se penalice de forma distinta según el estatus migratorio del acusado”, declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la organización en Florida.

Castigos máximos en casos graves

Una parte especialmente controvertida de la norma permite imponer la pena máxima —incluida la pena de muerte— en casos de asesinato en primer grado o violación de menores cometidos por personas indocumentadas. No se trata de una condena automática, pero la ley reduce los requisitos para aplicarla al eliminar la necesidad de un jurado unánime.

Expertos legales como Kara Gross, también de la ACLU, recuerdan que el Tribunal Supremo ya declaró inconstitucionales las sentencias obligatorias de muerte. “Esto abre la puerta a nuevas demandas constitucionales”, advirtió.

Fin de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados

La nueva legislación impide que estudiantes sin papeles, incluidos los beneficiarios de DACA, accedan a tarifas reducidas en universidades públicas. Todos ellos deberán pagar como estudiantes internacionales, incluso si crecieron y se educaron en Florida. Esto implica, en muchos casos, un incremento de hasta tres veces en el coste de los estudios.

La medida ha sido calificada como “una barrera injusta” por organizaciones estudiantiles, y diversas universidades del estado han expresado su preocupación por la pérdida de talentos y la deserción académica.

Empresarios temen perder mano de obra

Empresarios agrícolas, constructores y dueños de restaurantes han manifestado preocupación por el efecto inmediato de la ley. Estos sectores dependen en gran parte de la fuerza laboral inmigrante, y la nueva legislación ya ha comenzado a generar ausentismo, miedo y reducción de personal.

“Muchos trabajadores están abandonando sus puestos por temor a ser detenidos camino al trabajo”, señaló un productor agrícola en el condado de Hendry. “No se trata solo de derechos, esto afectará la economía del estado”.

Un zar migratorio y 200 millones de dólares en juego

La SB-2 también establece la creación de una figura estatal encargada de coordinar las acciones migratorias. El gobernador nombró a Larry Keefe, exfiscal federal y estrecho aliado, quien supervisará un presupuesto de más de 200 millones de dólares destinados a deportaciones, vigilancia, detenciones y subvenciones a gobiernos locales que colaboren con el plan estatal.

Keefe ya había participado en 2022 en el traslado de inmigrantes venezolanos desde Texas hasta Martha’s Vineyard, lo que generó polémica nacional.

Florida sigue la línea de Texas con su propia versión dura

Aunque las leyes migratorias son competencia federal, Florida sigue la línea marcada por Texas, que recientemente aprobó la SB-4, permitiendo que sus policías locales detengan a personas sospechosas de estar en el país sin autorización. Ambas normas están siendo desafiadas en los tribunales, y podrían llegar a la Corte Suprema.

La controversia gira en torno a si los estados pueden asumir competencias que la Constitución reserva al gobierno federal. Organizaciones civiles sostienen que estas leyes estatales generan discriminación, racismo institucional y vulneración de derechos básicos.

Voces reales desde el terreno

Sabrina Carrillo, estudiante universitaria de origen hondureño y beneficiaria de DACA, declaró a medios locales: “Ahora tengo que buscar un segundo empleo para pagar la matrícula. Me están castigando por algo que escapa a mi control”.

Un contratista de obras en Tampa explicó al Miami Herald: “Tengo proyectos en pausa porque no consigo suficiente personal. La gente tiene miedo de salir de casa”.

En redes sociales, un mensaje se volvió viral: “No quieren a los inmigrantes, pero no dicen quién va a recoger las frutas, limpiar los hoteles o construir las casas”.