La portavoz del presidente Trump arremetió contra una magistrada federal tras la suspensión del fin del parole. El gobierno propone pagar a los migrantes para que se vayan.

Críticas a la jueza y promesa de más deportaciones

La Casa Blanca reaccionó con dureza tras el fallo de la jueza Indira Talwani en Boston, que frenó la eliminación del parole humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. “Otra jueza de distrito deshonesta intenta bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno”, declaró Karoline Leavitt, portavoz del presidente Trump, en declaraciones a Fox News.

Según la funcionaria, el objetivo sigue siendo claro. “Seguiremos concentrándonos en deportar a tantas personas como podamos”, afirmó, reforzando la postura del Ejecutivo pese al revés judicial.

Trump sugiere pagar a los indocumentados para que se vayan

Durante la misma jornada, el propio presidente aprovechó una entrevista en Fox News para lanzar una propuesta sorprendente: pagar a los migrantes indocumentados para que abandonen voluntariamente el país. “Les vamos a dar algo de dinero y un billete de avión”, dijo Trump, quien añadió que, si se trata de personas “buenas”, podrían regresar más adelante de forma legal.

Aunque la idea aún no está definida, apunta a una nueva estrategia para reducir la población migrante sin necesidad de detenciones masivas.

Presión sobre los migrantes con parole e I-220A

Las declaraciones se producen mientras el gobierno redobla esfuerzos para persuadir a los migrantes de abandonar el país por su cuenta. Entre los afectados están quienes ingresaron con el programa de parole —unos 530.000 desde su creación—, así como los portadores del formulario I-220A, una forma de libertad bajo palabra para quienes cruzaron la frontera sin autorización.

En total, se estima que hay 14 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Solo entre 2023 y 2024, llegaron más de cinco millones, según datos del Instituto de Política Migratoria.

Aplicación para “autodeportarse”

En ese contexto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó CBP Home, una nueva herramienta en línea donde los migrantes pueden declarar su intención de abandonar el país. “Autodepórtese ahora o enfrente las consecuencias”, advirtió la CBP en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Michael W. Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, también se sumó a la campaña: “Última oportunidad para autodeportarse bajo sus propios términos. CBP Home está disponible ahora. Si no lo hace, DHS lo removerá y le prohibirá regresar”.

Aunque más de 5.000 personas ya se han registrado, muchos rechazan la idea. Varios temen lo que les espera en sus países de origen, y aseguran que ni el dinero ni el pasaje compensan el riesgo de volver.

Restricciones a beneficios sociales para migrantes

Además de las amenazas y las propuestas de salida voluntaria, Trump firmó esta semana una orden ejecutiva para limitar el acceso de los migrantes a beneficios del Seguro Social. La medida, titulada “Prevenir que los extranjeros indocumentados obtengan beneficios de la Ley del Seguro Social”, excluye a quienes estén en el país de forma ilegal.

El texto ordena a distintas agencias coordinarse para impedir que migrantes no autorizados accedan a fondos públicos. También exige reforzar la supervisión con fiscales auxiliares federales y auditar posibles irregularidades, incluyendo pagos a personas fallecidas o mayores de cien años.

En particular, los programas Medicare y Medicaid serán objeto de especial vigilancia. Muchos cubanos con parole habían accedido a ellos desde su llegada al país, y ahora podrían quedar desprotegidos.

Fiscalización más dura y posibles sanciones

La orden también instruye al comisionado del Seguro Social a evaluar si deben reactivarse las sanciones monetarias contra quienes reciban beneficios de forma indebida. Si se determina que es necesario, deberá reiniciar el programa inmediatamente o proponer cambios normativos.

La ofensiva del gobierno busca enviar un mensaje claro: el tiempo de tolerancia ha terminado. Para los migrantes, el dilema es cada vez más crudo: marcharse por su cuenta o enfrentar una deportación forzosa.