Condenado a 28 años de prisión en Las Tunas por el asesinato de su expareja. Estos son los detalles del juicio.

En el contexto del Tercer Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, se celebró en la mañana del viernes un juicio oral por un delito de asesinato, correspondiente a la causa número 20 del año 2025. El proceso judicial tuvo lugar en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas.

Según informó Periódico26.cu el caso enjuiciado corresponde a un hecho ocurrido en la madrugada del 5 de junio de 2024, cuando el acusado, utilizando un arma blanca, agredió y provocó la muerte de su expareja, con quien tenía dos hijos en común. La investigación y las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron determinar la responsabilidad penal del imputado, quien ya contaba con antecedentes por hechos delictivos anteriores.

Como resultado del juicio, se le impuso una sanción de 28 años de privación de libertad como pena principal. Además, se establecieron sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos públicos conforme al artículo 42.1 del Código Penal vigente (Ley 151/2022), así como la prohibición de solicitar pasaporte o salir del país durante el tiempo de cumplimiento de la condena, como estipula el artículo 59 del mismo cuerpo legal.

Sanción de 28 años de privación de libertad como pena principal

También se determinó que el condenado deberá indemnizar económicamente a sus hijos menores mediante una pensión alimenticia, la cual deberá mantenerse hasta que estos alcancen la mayoría de edad o concluyan sus estudios.

De acuerdo a la nota oficial, durante el acto judicial se “respetaron” las garantías procesales y el debido proceso conforme a lo establecido en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley de Proceso Penal. El acusado contó con representación legal, y tanto él como la Fiscalía tienen la posibilidad de presentar un recurso de casación contra la sentencia emitida.

Este lamentable suceso recuerda que, a pesar de los avances legislativos y de las garantías jurídicas existentes en el país, la violencia de género continúa siendo una amenaza real para la seguridad e integridad de las mujeres en la sociedad cubana.