El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la derogación de restricciones impuestas en 2021 sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas nuevas medidas, firmadas por el presidente, permiten a los agentes realizar operativos en prácticamente cualquier lugar, incluyendo espacios anteriormente considerados zonas protegidas.

Eliminación de las «zonas protegidas»

Las directrices eliminan la política que prohibía realizar redadas en lugares como escuelas, hospitales, iglesias, bancos de alimentos y refugios, entre otros.

Estas zonas protegidas, implementadas durante la administración anterior, buscaban garantizar que los inmigrantes pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a ser detenidos.

Bajo las nuevas normas, los agentes de ICE ahora tendrán libertad para actuar en estos espacios, aunque se les solicita ejercer «sentido común» en sus procedimientos.

La medida ha sido recibida con apoyo por parte de algunos sectores de las fuerzas de seguridad, quienes consideran que las restricciones previas dificultaban su labor.

Impacto en comunidades migrantes

Defensores de los derechos humanos han señalado que estas medidas generan un ambiente de miedo e inseguridad en comunidades migrantes, al aumentar la posibilidad de detenciones en lugares previamente considerados seguros.

Adicionalmente, la eliminación de estas restricciones podría dificultar el acceso de inmigrantes a servicios esenciales como atención médica o educación.

Cambios en el uso del parole humanitario

Otra medida relevante es la revisión de las políticas de parole humanitario, utilizado para otorgar entrada temporal a migrantes bajo circunstancias extraordinarias.

El DHS ha indicado que este mecanismo será restringido, afectando a programas que beneficiaban a nacionales de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como a migrantes provenientes de Ucrania y Afganistán.

Declaración de emergencia en la frontera sur

El gobierno también ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México, movilizando recursos militares para reforzar los controles en la región.

Esta medida busca detener los cruces irregulares y devolver a sus países de origen a migrantes con órdenes finales de deportación. Según datos oficiales, más de 42,000 cubanos enfrentan actualmente procesos de deportación en Estados Unidos.

Críticas y preocupaciones

Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas. Señalando que podrían exacerbar la vulnerabilidad de las comunidades migrantes, aumentar las detenciones arbitrarias y contribuir a la separación de familias.

A pesar de las críticas, el gobierno asegura que estas políticas están orientadas a reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.