El gobierno cubano implementará una nueva regulación sobre las propiedades inmobiliarias a partir del 15 de noviembre. Medida que ha despertado inquietud entre los cubanos en el exterior que poseen viviendas en la isla.

La medida, establecida por el Ministerio de Finanzas y Precios, y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba busca modificar el sistema de gestión de propiedades y afecta directamente a los propietarios de viviendas o quienes hacen traspasos de sus bienes en Cuba.

Esta resolución ha generado preocupación entre los emigrados que, a raíz de la crisis migratoria de los últimos años, han dejado propiedades en el país. Muchos temen que estas viviendas puedan verse afectadas de manera significativa, dada la postura que el gobierno ha tomado frente a las “indisciplinas fiscales” y la evasión. Se anticipa que la nueva normativa exigirá un cumplimiento estricto en términos de regulación y formalización de los bienes inmuebles.

La reciente ley aparece en un contexto donde el gobierno enfrenta desafíos económicos profundos. De acuerdo con reportes oficiales, la salida masiva de cubanos y la creciente inflación en el país han causado un impacto considerable en el valor de las propiedades. Hoy el valor de los inmuebles en la isla se ha venido abajo. Por ello, las autoridades han decidido ajustar el marco legal para alinear las propiedades inmobiliarias a los cambios económicos y evitar posibles irregularidades.

Cambios en la carga impositiva

Sin embargo, debemos dejar claro que la nueva resolución de Finanzas y Precios sobre las viviendas en Cuba no tienen nada que ver con la confiscación de viviendas. Ni con la pérdida de sus propiedades para quienes han emigrado.

Lo verdaderamente llamativo es que con esta normativa, los impuestos sobre la compraventa, donación y transferencia de viviendas se incrementarán hasta cinco veces su valor actual. La Resolución 313/2024 establece un aumento significativo en el impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias, que afectará tanto al comprador como al vendedor.

El Ministerio de Finanzas y Precios justificó el cambio señalando que el valor de las propiedades ha aumentado notablemente desde 2017. Año de la última reforma fiscal, y los impuestos actuales ya no reflejan los valores de mercado.

Clasificación de las propiedades y nuevo cálculo de impuestos

La nueva resolución clasifica las viviendas cubanas en cinco zonas diferentes según su ubicación, valor y características constructivas. Así, el gobierno establece una base mínima de valor para cada zona, lo que permitirá calcular los impuestos de cada transacción. Por ejemplo, una casa en Playa, La Habana Vieja o Trinidad, con ciertas facilidades como garaje o jardín, deberá pagar un impuesto de al menos 51.000 pesos. Ello, basado en su valor referencial de 1.275.000 pesos.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) señala que, de acuerdo con sus estudios, muchos de los valores reales en las transacciones están muy por encima de los actuales precios referenciales. Algo que permite a los propietarios subdeclarar el valor de las viviendas. Este cambio busca evitar la evasión fiscal y asegurar que el Estado capture ingresos que corresponden a estas transacciones.

Medidas adicionales para el control fiscal

Los Consejos de Administración municipales podrán reducir el valor mínimo referencial hasta en un 10% para las propiedades ubicadas en zonas suburbanas. Siempre en función del estado estructural y el mercado inmobiliario de cada inmueble. El gobierno subraya que esta medida responde a su compromiso de corregir las distorsiones económicas actuales y fortalecer la recaudación fiscal.

Reiteramos, la nueva resolución no tiene nada que ver con la confiscación de casas en Cuba, o la pérdida de viviendas de quienes hayan emigrado. Eso de momento, no es algo cierto. El gobierno ha establecido ninguna ley que permita confiscar las viviendas de quienes están fuera del país.