Era casi normal hacerlo al sacar la licencia de conducir en Florida, pero ahora es un delito y puede costarte hasta $1,000 dólares de multa

Era un secreto a voces. Lo hacían miles de personas para resolver trámites urgentes. Era rápido, efectivo, y se movía a través de grupos privados, páginas en redes sociales o simples cadenas de mensajes. Pero desde esta semana, lo que parecía una simple ayuda por fuera del sistema se ha convertido en un delito castigado por la ley estatal.

Florida ha aprobado una norma que convierte en delito menor de primer grado una práctica muy extendida en los últimos meses, especialmente en el sur del estado. Aunque la mayoría de los usuarios veían esto como una solución temporal al desorden y la falta de disponibilidad, las autoridades lo consideran fraude, y ya han fijado penas que incluyen hasta un año de cárcel, libertad condicional o una multa de hasta 1.000 dólares.

La nueva ley, conocida como HB 0961, comenzó en Miami-Dade y ahora rige en todo el estado. Su objetivo: acabar con la reventa de citas para obtener licencias de conducir y documentos de identidad en las oficinas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) o en las sedes de los recaudadores de impuestos.

Una victoria contra el “caos organizado”

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, fue uno de los impulsores de la ley. En sus redes sociales celebró que la ordenanza local que promovió ahora se haya convertido en política estatal.

“Descubrimos el fraude, aprobamos una ordenanza local, y ahora —gracias a HB 0961— esta práctica depredadora es un delito menor de primer grado en todo el estado, castigado con hasta un año de cárcel, libertad condicional o una multa de $1,000”, escribió Fernández.

Para muchos residentes, el descontrol en las citas había llegado a un punto crítico. Obtener una licencia de conducir, renovar una identificación o realizar trámites básicos se volvió una pesadilla. La falta de cupos en el sistema oficial llevó a que surgiera un mercado paralelo: algunos usuarios acaparaban citas gratuitas y luego las revendían por hasta 100 o 200 dólares.

Fernández fue contundente: “Nadie debe pagar por una cita que el gobierno ofrece de forma gratuita”.

Un cambio clave en tiempos de mayor control migratorio

Esta medida llega justo cuando la administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre los migrantes que no tienen un estatus regular. En ese contexto, contar con una licencia válida se ha vuelto crucial. No solo sirve para conducir, sino también como identificación ante la policía, empleadores y entidades financieras.

Las largas filas, la falta de disponibilidad real en el sistema y las trabas burocráticas habían llevado a muchos a justificar el uso de estas citas revendidas como un mal menor. Pero ahora, hacerlo puede tener consecuencias penales.

La oficina del recaudador de impuestos del condado Miami-Dade lo explicó así: “Esta práctica poco ética creaba graves problemas de acceso a los residentes honestos que simplemente necesitaban renovar una licencia, obtener un documento de identidad o completar otros servicios esenciales”.

Aunque el FLHSMV es una agencia estatal, en algunos condados la oficina del recaudador de impuestos ya gestiona directamente los servicios. En Miami-Dade, esa transición podría consolidarse bajo el liderazgo de Fernández, que ha sido claro en su mensaje: los sistemas públicos no están en venta.