El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una nueva orden ejecutiva enfocada en reforzar las medidas contra la inmigración ilegal.
La iniciativa, bautizada como “Proyecto de Regreso a Casa”, ofrece incentivos para la salida voluntaria de migrantes indocumentados y endurece las sanciones para quienes decidan permanecer sin estatus legal.
La medida había sido anunciada semanas atrás, pero no fue hasta ahora que se concretaron los mecanismos de aplicación. Según la Casa Blanca, el objetivo principal es reducir los costes que, según el gobierno, la migración irregular ha generado en el presupuesto federal.
En su comunicado oficial, la administración Trump sostiene que el país atraviesa una “invasión a gran escala” y atribuye a los indocumentados una carga financiera superior a los 150 mil millones de dólares anuales. Estos gastos incluyen servicios sociales como salud, educación, vivienda y justicia, además de lo relacionado con la seguridad pública.
Incentivos económicos para quienes opten por irse
El nuevo plan contempla la entrega de ayudas financieras a quienes decidan salir del país de manera voluntaria. Los migrantes podrán gestionar su salida a través de la aplicación CBP Home y acceder a vuelos gratuitos financiados con fondos públicos. Además, recibirán un bono económico como estímulo para abandonar el territorio estadounidense de forma definitiva.
“Se trata de una alternativa viable para evitar deportaciones forzadas y garantizar una salida ordenada”, apuntaron desde el Departamento de Seguridad Nacional.
Endurecimiento de medidas para quienes se queden
Para quienes decidan permanecer ilegalmente, la orden prevé una serie de sanciones que incluyen expulsión inmediata, procesos judiciales, encarcelamiento, embargo de cuentas y confiscación de propiedades como viviendas y vehículos. El texto aclara que también se impondrán multas considerables a quienes empleen o den refugio a personas en situación migratoria irregular.
El despliegue de más de 20,000 agentes adicionales formará parte de la implementación. Esta fuerza estará compuesta por efectivos del DHS, policías estatales y agentes retirados recontratados temporalmente.
Un mensaje político en clave electoral
Aunque Trump no ha oficializado aún su candidatura para 2028, esta nueva ofensiva migratoria ha sido leída por muchos como un movimiento dirigido a reforzar su imagen ante su base más conservadora, especialmente en estados como Texas y Florida, donde la retórica antimigrante encuentra mayor eco.
Organizaciones de derechos civiles y activistas migratorios ya han comenzado a expresar su rechazo. Advierten que esta medida podría desencadenar redadas masivas, abusos de autoridad y un clima de temor generalizado, incluso entre quienes tienen procesos migratorios en curso o familiares con ciudadanía estadounidense.
El contexto: deportaciones en aumento
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha reforzado las deportaciones. Según cifras oficiales, en los primeros cien días de 2025 ya se han realizado más de 65,000 expulsiones. Este nuevo plan parece ir más allá, apuntando a un número aún mayor de salidas mediante una combinación de presión legal e incentivos económicos.
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