El regreso a clases en Estados Unidos llega este año con un ambiente marcado por el miedo de millones de familias inmigrantes.
La eliminación, en enero de 2025, de la política de ubicaciones sensibles —que antes protegía escuelas, iglesias y hospitales de operativos migratorios— ha generado un aumento de las ausencias escolares y un clima de tensión en comunidades de costa a costa.
Un impacto que se siente en todo el país
En varios estados, desde California y Texas hasta Nueva York y Florida, padres y estudiantes viven con el temor de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actúen cerca de los centros educativos. El ausentismo ha crecido significativamente en distritos escolares con alta población inmigrante.
A nivel nacional, se estima que 620,000 niños indocumentados y alrededor de 4.7 millones de menores ciudadanos con al menos un padre sin estatus legal están expuestos a este clima de ansiedad, que afecta su asistencia, rendimiento escolar y salud emocional.
Ejemplos de medidas y reacciones
En California, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha modificado rutas de autobuses, entrega a las familias tarjetas con sus derechos y ofrece asesoría legal gratuita a través de alianzas con organizaciones locales. En ciudades como Boston, Chicago y Houston, las escuelas han reforzado programas de “zonas seguras” para limitar la presencia de ICE en los campus.
Sin embargo, en estados como Tennessee, Oklahoma y Texas se estudian proyectos de ley que exigirían a las escuelas verificar el estatus migratorio de los estudiantes, lo que según defensores de derechos humanos podría aumentar el miedo y reducir aún más la asistencia.
Operativos que alimentan la desconfianza
En los últimos meses, ICE ha realizado detenciones en lugares de trabajo, estacionamientos, comercios y hasta clínicas móviles de atención médica. Estas acciones, aunque la agencia asegura que se evalúan “caso por caso”, han incrementado la percepción de riesgo y han llevado a algunos padres a evitar llevar personalmente a sus hijos a la escuela.
En comunidades con más vigilancia migratoria, maestros han reportado que la asistencia puede caer hasta un 50 % en días en que circulan alertas de operativos.
Consecuencias a largo plazo
Expertos en educación e inmigración advierten que interrumpir la educación de los estudiantes inmigrantes no solo limita sus oportunidades futuras, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y exclusión. El fallo de la Corte Suprema de 1982 en Plyler v. Doe garantiza el derecho a educación pública sin importar el estatus migratorio, pero la realidad actual plantea nuevos obstáculos para ejercer ese derecho.
Para defensores de los inmigrantes, restaurar protecciones y reforzar la seguridad en las escuelas es esencial para que los niños puedan aprender sin miedo y las familias no tengan que elegir entre su educación o su seguridad.