Una intervención policial en Los Cangrejitos, cerca del Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, encendió el debate en redes y en el barrio. Vecinos aseguran que se incautaron fármacos importados y que el cierre deja a pacientes crónicos sin alternativas.
Operativo y acusaciones en el barrio
Testigos describen un registro en una vivienda señalada por vender medicinas de difícil acceso. No hubo versión oficial inmediata. Residentes hablan de “criminalización” de iniciativas que, según ellos, suplían carencias del sistema.
La escena se produjo en una zona donde muchas familias dependen de envíos del exterior. El decomiso cortó un canal que, de acuerdo con los vecinos, funcionaba como salvavidas para tratamientos continuos.
La versión de la familia
La hija de los implicados afirma que todos los medicamentos eran importados de forma legal. Sostiene que conserva las facturas y que los productos pasaron por la Aduana sin objeciones. Asegura que no había fármacos vencidos.
Según su relato, una parte de los envíos salió desde Estados Unidos. También menciona viajes familiares a Haití y Rusia para traer medicinas que faltan en la isla. Defiende que ese abastecimiento ayudó a muchos pacientes que no consiguen sus tratamientos en la red estatal.
Dependencia del mercado no estatal
La falta de abastecimiento empuja a muchos a buscar analgésicos, antibióticos y fármacos del tarjetón fuera de las farmacias. En Santiago de Cuba, madres y cuidadores sostienen terapias para epilepsia, tiroides o hipertensión con remesas y compras a particulares.
El costo es alto y la disponibilidad es irregular. Aun así, muchas familias prefieren pagar antes que interrumpir tratamientos. El cierre complica esa ecuación y aumenta la incertidumbre.
Qué piden los vecinos
Residentes piden transparencia sobre el destino de lo incautado. Reclaman reglas claras para importaciones personales, trazabilidad y control sanitario. Exigen límites razonables, pero no cierres totales mientras persista el desabastecimiento.
Voces locales proponen licencias temporales para la venta minorista regulada de fármacos importados. Sugieren registrar lotes, verificar caducidades y fijar topes de precios. Ven esta opción como un puente hasta normalizar el suministro estatal.
Impacto inmediato
Tras el operativo, decenas de familias perdieron un proveedor cercano. Pacientes con tarjetón deben reorganizar compras y viajes. El golpe afecta a hogares con enfermos crónicos y presupuestos ajustados.
El barrio espera respuestas. ¿Hubo comercio ilícito o una red vecinal que cubría vacíos del sistema? ¿Cómo se redistribuirán los medicamentos incautados? Mientras tanto, la prioridad que repiten los residentes es clara: mantener los tratamientos a tiempo.
Los policías para justificar el salario hacen la operación, pero se roban los medicamentos para venderlos y poder suplir lo que el salario no les permite. Otra gran victoria de la Roboilusión.