La Cámara de Comercio de EE.UU. demandó al gobierno de Donald Trump por imponer tarifa de $100,000 en visas H-1B. Más detalles de inmediato. La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda federal contra el gobierno del presidente Donald Trump por la imposición de una tarifa anual de $100,000 a las nuevas solicitudes de visa H-1B, una medida que, según la organización, es ilegal y amenaza con perjudicar seriamente a las empresas estadounidenses que dependen de trabajadores extranjeros altamente calificados.
La demanda fue presentada este jueves en un tribunal de Washington D.C., donde la Cámara solicita que se declare que el presidente excedió la autoridad del poder ejecutivo al establecer la tarifa sin la aprobación del Congreso.
Además, pide que se impida a las agencias federales —como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado— implementar la medida.
Las visas H-1B están diseñadas para trabajadores especializados en campos donde hay escasez de talento local, particularmente en la industria tecnológica.
Las grandes corporaciones como Amazon, Microsoft, Apple y Google son algunas de las principales beneficiarias del programa, y aproximadamente tres cuartas partes de las visas aprobadas corresponden a trabajadores provenientes de la India.
La administración Trump justificó la nueva tarifa argumentando que los empleadores estadounidenses reemplazan a trabajadores locales con mano de obra más barata del extranjero. No obstante, la Cámara de Comercio sostiene que la medida contradice las leyes de inmigración vigentes, que estipulan que las tarifas deben reflejar los costos administrativos del procesamiento de visas, y no servir como herramienta para restringir el acceso laboral.
Antes de esta proclamación, el costo promedio de una solicitud H-1B rondaba los $3,600, por lo que el nuevo cargo representa un incremento sin precedentes.
Según la demanda, esta tarifa afectaría gravemente a empresas que dependen de talento extranjero, obligándolas a reducir contrataciones o aumentar significativamente sus costos operativos.
Aunque la tarifa está prevista para expirar después de un año, el gobierno podría extenderla si considera que beneficia al “interés nacional”.
Mientras tanto, la disputa promete abrir un nuevo capítulo en el debate sobre inmigración, competitividad económica y autoridad presidencial en Estados Unidos.