Diversas fuentes en Washington anticipan un giro relevante en la política migratoria que podría modificar el análisis de miles de solicitudes cada año.
Las discusiones internas revelan que el gobierno busca ajustar los criterios con los que se revisan beneficios migratorios, aunque aún no existe una decisión oficial.
Según documentos preliminares citados por The New York Times, la administración de Estados Unidos trabaja en una propuesta que permitiría a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración considerar los “factores específicos de cada país” como elementos negativos al evaluar peticiones de residencia, asilo, parole y otros beneficios. Cuba aparece en la lista de países afectados bajo la actual prohibición de viaje.
Cambios que afectarían solicitudes clave
La medida incorporaría, como criterio formal, los mismos factores que justifican la prohibición de viaje firmada por el presidente Donald Trump en junio.
Esa orden incluye a Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen. También impone restricciones parciales a ciudadanos de Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
El cambio se aplicaría sobre solicitudes que requieren una valoración discrecional de USCIS. En estos trámites, un funcionario analiza elementos positivos y negativos antes de aprobar una decisión.
La agencia sostiene que algunos países no comparten suficiente información de antecedentes o no tienen sistemas confiables para emitir pasaportes y documentos esenciales, lo que limita la verificación.
La norma no afectaría a solicitudes de ciudadanía y continúa en fase de elaboración. No obstante, analistas consideran que su alcance sería amplio y tendría efectos directos en comunidades que ya se encuentran dentro de Estados Unidos bajo un estatus legal temporal.
Críticas y advertencias de expertos
Doug Rand, exdirectivo de USCIS, calificó la idea como un “cambio radical” por basar decisiones en el país de origen y no en la evaluación individual.
La analista Sarah Pierce afirmó que “no hay forma de que esta política no aumente las denegaciones”, alertando sobre posibles impugnaciones legales por discriminación por nacionalidad.
Otros especialistas, como Michael Valverde, señalaron que siempre ha sido complicado validar documentos de países con sistemas débiles, pero subrayaron que nunca antes esos problemas se habían convertido en un “factor negativo” oficial dentro del proceso.
De confirmarse, la política también impactaría en solicitudes de asilo y parole humanitario, dos vías usadas por personas que ya se encuentran dentro del país y que hasta ahora dependen de una evaluación caso por caso.
Para algunos analistas, esto podría equivaler a una restricción significativa de vías de protección humanitaria.
Un movimiento más amplio para limitar beneficios
El posible ajuste forma parte de un escenario más extenso. En las últimas semanas, el gobierno redujo el número de refugiados permitidos para el año fiscal y reforzó las investigaciones en redes sociales para ciertos solicitantes. Solo en 2025, USCIS asegura haber realizado más de 12502 verificaciones individuales en plataformas digitales.
El borrador revisado por The New York Times reconoce que se desconoce el impacto exacto que la medida tendría en las tasas de aprobación. Sin embargo, expertos anticipan un aumento notable de rechazos y un incremento de litigios.
Por ahora, el documento continúa en revisión interna, pero de ser aprobado marcaría un nuevo endurecimiento en la política migratoria de Estados Unidos y afectaría a miles de personas cuyo futuro dependería, cada vez más, del país en el que nacieron.