Beneficios del SNAP en riesgo: la exigencia de datos migratorios de Trump pone presión sobre los estados y amenaza a millones. Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían enfrentar interrupciones significativas debido a la nueva postura del gobierno de Donald Trump, que exige a los estados entregar información de identificación sobre los beneficiarios, incluyendo datos de estatus migratorio.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que los estados liderados por demócratas que no cumplan con la solicitud verán pausados sus fondos federales, poniendo en riesgo la alimentación de millones de menores, adultos mayores y familias de bajos ingresos.
Según Rollins, el Departamento de Agricultura solicitó en febrero que todos los estados enviaran sus datos completos para, en sus palabras, “erradicar el fraude” en los cupones de alimentos.
Los estados liderados por republicanos entregaron la información requerida, mientras que varios estados demócratas —entre ellos California, Nueva York y Minnesota— se negaron argumentando preocupaciones legales y de privacidad.
La administración Trump afirma que sin esos registros no es posible combatir el “fraude desenfrenado” dentro del programa.
Sin embargo, no ha presentado evidencia clara que demuestre un incremento anómalo de fraude previo a esta solicitud. Además, representantes del USDA evitaron responder a solicitudes de aclaración realizadas por Axios.
A pesar de esto, Rollins aseguró que a partir de la próxima semana comenzará la retención de fondos federales a los estados que continúen sin cumplir, enviando primero una advertencia formal.
El USDA sostiene que dichos estados estarían “protegiendo a ilegales, criminales y malos actores por encima del contribuyente estadounidense”, un mensaje que aumenta la tensión política alrededor del programa.
En cifras, cerca de 800,000 personas han abandonado el programa SNAP desde que Trump volvió a la presidencia, aunque todavía 42 millones dependen del beneficio.
Rollins afirma que se han encontrado casos de fraude, incluyendo personas fallecidas que seguían recibiendo beneficios, pero Axios no pudo verificar las cifras de manera independiente.
Un informe de la GAO indica que, entre 2022 y 2024, los estados reemplazaron más de $320 millones en beneficios robados, pero el número real podría ser mayor debido a víctimas que no reportan los robos.
La presión de la administración federal sobre los estados demócratas no es nueva: el gobierno ha empleado congelaciones de fondos en otras áreas para forzar el cumplimiento de sus políticas, incluyendo miles de millones destinados a proyectos en Nueva York y Chicago.
Ahora, SNAP—un programa crítico para millones—se convierte en el nuevo centro del conflicto político.