EE.UU. implementa tarifa de detención de $5000 para inmigrantes indocumentados que crucen la frontera sin inspección, los cubanos también estarán incluidos. ¿Qué pasa si no puedes pagar? El gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar una nueva tarifa de detención de $5,000 a inmigrantes indocumentados que sean arrestados tras ingresar al país sin autorización.
La medida, conocida como “Apprehension Fee”, forma parte de la ley 8 USC §1815, incluida en la “One Big Beautiful Bill Act”, impulsada por la administración del presidente Donald Trump durante su segundo mandato.
La tarifa aplica para todas las personas mayores de 14 años que crucen la frontera sin inspección y sean detenidas por agentes de inmigración.
Según el gobierno federal, el pago será exigido en el momento de la detención, sin necesidad de esperar procesos judiciales, audiencias migratorias o resoluciones finales.
El anuncio fue hecho por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, a través de su cuenta oficial en X, donde advirtió que la medida afecta a todos los inmigrantes ilegales, sin importar el punto de ingreso, el tiempo que lleven dentro del país o cualquier trámite migratorio pendiente.
La ley entró en vigor este 7 de diciembre, tras su aprobación en el Congreso.
El texto legislativo detalla que el 50% de los fondos recaudados serán destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que la otra mitad se depositará en el Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.
Además, la tarifa de $5,000 incluirá un ajuste anual por inflación, lo que podría incrementar su valor cada año.
¿Qué ocurre si el inmigrante no paga la tarifa?
Las autoridades advirtieron que quienes no paguen acumularán una deuda con el gobierno estadounidense, lo que podría impedirles acceder a futuros beneficios migratorios o ingresar legalmente al país. Este principio ya ha sido aplicado en otras multas destinadas a personas con órdenes de deportación.
Esta no es la única sanción económica implementada bajo la administración Trump. Meses atrás, el gobierno anunció que los inmigrantes con órdenes de deportación pendientes podrían enfrentar multas de hasta $1,000 diarios si no cumplen con su salida obligatoria del país, marcando una política migratoria basada en sanciones económicas y mayor control fronterizo.