Durante años, Canadá ha sido sinónimo de oportunidades para miles de personas en todo el mundo. Su sistema migratorio, reconocido por su enfoque humanitario y ordenado, convirtió al país en uno de los destinos más atractivos para quienes buscaban estabilidad, empleo y un futuro mejor.
Esa imagen se consolidó con programas de residencia accesibles, protección a refugiados y un discurso político que resaltaba la diversidad como fortaleza. Para estudiantes, trabajadores temporales y solicitantes de asilo, Canadá representó una puerta abierta cuando otros países endurecían sus fronteras.
No es casual que, durante décadas, el país haya sido presentado como modelo internacional de acogida. Un lugar donde migrar no era visto como una amenaza, sino como una contribución al desarrollo social y económico.
Sin embargo, este panorama comienza a mostrar señales de cambio.
Un giro legislativo que marca un antes y un después
El gobierno liberal aprobó recientemente una nueva legislación migratoria que está a punto de convertirse en ley. Se trata del Proyecto de Ley C-12, presentado por el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, y aprobado en tercera lectura en la Cámara de los Comunes el once de diciembre.
La norma introduce restricciones severas al acceso al sistema de protección de refugiados, amplía las facultades para detenciones y deportaciones, y otorga poderes discrecionales más amplios bajo el argumento de la seguridad pública.
Este enfoque contrasta con declaraciones pasadas de figuras del propio gobierno. En el año dos mil veinte, el entonces diputado Anandasangaree criticó duramente políticas anteriores que describían a los refugiados como personas “peligrosas” o “indeseadas”.
Ecos del pasado que vuelven al presente
La historia migratoria canadiense tiene episodios que aún generan debate. En mil novecientos catorce, el barco Komagata Maru fue impedido de desembarcar con cientos de pasajeros indios a bordo. Décadas después, un primer ministro ofreció disculpas oficiales por aquel hecho.
Años más tarde, en dos mil diez, la llegada del MV Sun Sea, con casi quinientos solicitantes de refugio, desató una respuesta marcada por arrestos y detenciones. Algunos de esos pasajeros terminaron deportados y enfrentaron graves consecuencias en sus países de origen.
Hoy, organizaciones de justicia migratoria advierten que el nuevo marco legal revive patrones similares, aunque bajo un lenguaje actualizado y centrado en la seguridad nacional.
Menos vías legales y más presión sobre los migrantes
El Proyecto de Ley C-12 coincide con recortes anunciados que limitarán el acceso a la residencia permanente. Estas medidas afectarán a solicitantes de refugio, estudiantes internacionales, trabajadores temporales y personas que ya viven en Canadá sin estatus regular.
Según colectivos sociales, el discurso oficial desplaza la responsabilidad de problemas estructurales hacia los inmigrantes, alimentando percepciones negativas y justificando políticas más duras.
Además, el fortalecimiento del aparato de vigilancia y el aumento de recursos para fuerzas de seguridad refuerzan un modelo donde la frontera se asocia cada vez más al control y la militarización.
Un impacto directo en comunidades enteras
El efecto práctico de estas políticas podría traducirse en mayor precariedad. Salarios más bajos, menor acceso a servicios y un clima constante de temor a la detención o deportación forman parte de las preocupaciones expresadas por defensores de derechos humanos.
Diversas organizaciones reclaman alternativas, como programas de regularización amplios y la revisión de acuerdos internacionales que limitan el acceso al asilo.
Mientras tanto, el debate sigue abierto en un país que durante años construyó su identidad sobre la idea de ser tierra de acogida y oportunidades, y que ahora enfrenta una redefinición profunda de su política migratoria.