La política migratoria de Estados Unidos vuelve a endurecerse, pero esta vez el foco no está en la frontera.
La nueva directriz apunta a ciudadanos que ya completaron el proceso de naturalización y que, hasta ahora, creían cerrado ese capítulo de sus vidas.
Una guía interna del Gobierno de Donald Trump revela un cambio de prioridad que reabre un debate delicado.
La ciudadanía estadounidense, tradicionalmente considerada un estatus estable, pasa a ser objeto de revisión sistemática.
Una instrucción interna con cifras concretas
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos recibió una orden precisa para el año fiscal 2026.
Las oficinas de la agencia deberán remitir entre 100 y 200 casos mensuales al Departamento de Justicia para evaluar posibles procesos de retirada de ciudadanía.
La indicación forma parte de un documento más amplio sobre objetivos operativos.
Entre metas administrativas y de gestión interna, aparece de forma expresa la instrucción de impulsar la desnaturalización.
De cumplirse ese volumen de remisiones, el salto sería significativo.
Entre 2017 y finales de 2025 se presentaron poco más de 120 casos en total, según datos oficiales del propio Departamento de Justicia.
Qué permite la ley y dónde están los límites
La legislación federal establece límites claros. La ciudadanía solo puede retirarse si se demuestra fraude durante el proceso de naturalización o si se ocultaron hechos relevantes. Existen también supuestos muy específicos ligados a delitos graves.
Cada caso debe pasar por un tribunal federal. En los procesos civiles, el Gobierno está obligado a presentar pruebas inequívocas de que la información falsa influyó directamente en la concesión de la ciudadanía.
Por ese motivo, expertos legales recuerdan que no todos los expedientes remitidos terminarán en una retirada efectiva. Muchos pueden ser archivados o rechazados por los jueces.
Inquietud dentro y fuera de la agencia
Antiguos funcionarios del propio Servicio de Ciudadanía han expresado preocupación por el establecimiento de metas mensuales. Alertan de que fijar cuotas puede distorsionar un procedimiento que siempre fue excepcional.
El temor principal es que errores administrativos antiguos o imprecisiones menores en formularios pasen a ser revisados bajo un enfoque más agresivo. Esto podría generar incertidumbre entre ciudadanos que llevan años o décadas residiendo legalmente en el país.
Organizaciones civiles subrayan que la ciudadanía es uno de los derechos más protegidos del sistema estadounidense y que su retirada debe seguir siendo una medida extrema.
La posición del Gobierno y sus aliados
Desde la administración defienden la iniciativa como una acción necesaria para proteger la integridad del sistema migratorio. Un portavoz del Servicio de Ciudadanía afirmó que se priorizarán los casos de personas que “mintieron o se representaron falsamente” durante el proceso.
Grupos favorables a políticas migratorias más restrictivas respaldan la medida. Consideran que durante años se concedieron ciudadanías sin controles suficientes y que ahora corresponde revisar esos expedientes.
Según estos sectores, el número de casos sigue siendo bajo en relación con la magnitud del sistema.
Un impacto potencial amplio
En Estados Unidos viven unos 26 millones de ciudadanos naturalizados. Solo el año pasado, más de 800 mil personas juraron la ciudadanía, procedentes principalmente de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam.
En la mayoría de los casos de desnaturalización, la persona vuelve a ser residente permanente legal. Aun así, el impacto personal, familiar y psicológico puede ser profundo.
Aunque el proceso sigue siendo complejo y lento, el anuncio ya genera un efecto inmediato. Para muchos naturalizados, la ciudadanía deja de percibirse como definitiva y pasa a verse como condicionada.