La política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate en Estados Unidos. Un documento interno al que accedió The New York Times revela una estrategia que podría afectar a miles de ciudadanos naturalizados.
La iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump, marca un cambio notable en el uso de una herramienta legal que hasta ahora se aplicaba de forma muy excepcional.
Un cambio de rumbo en la política migratoria
Según la información publicada por el diario neoyorquino, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha recibido instrucciones para aumentar de forma drástica los procesos de desnaturalización durante el año fiscal 2026.
El plan contempla que las oficinas regionales presenten entre 100 y 200 casos cada mes. Esta cifra supone una ruptura clara con la práctica histórica de la agencia.
Entre 1990 y 2017, el promedio anual de casos apenas alcanzó once. El salto cuantitativo es uno de los elementos que más inquietud ha generado entre expertos en inmigración.
La justificación oficial y las dudas pendientes
Un portavoz del USCIS confirmó que la agencia priorizará casos de ciudadanía obtenida de manera fraudulenta. También aseguró que no se trata de una política secreta.
Sin embargo, el documento interno no especifica qué criterios se utilizarán para definir el fraude. Esta falta de claridad ha levantado alarmas entre juristas y exfuncionarios.
La ley estadounidense permite revocar la ciudadanía si se demuestra fraude o tergiversación de hechos relevantes. Tradicionalmente, esta vía se reservaba para situaciones extremas y bien documentadas.
Trump insiste en retirar la ciudadanía a naturalizados
El propio Donald Trump ha defendido públicamente esta línea dura en varias ocasiones. A inicios de diciembre afirmó que existen personas que se naturalizaron de forma irregular durante gobiernos anteriores.
“Si tuviera el poder para hacerlo, les retiraría la nacionalidad”, declaró ante la prensa, sin aportar pruebas concretas.
Estas declaraciones refuerzan la percepción de que la desnaturalización dejará de ser una medida excepcional para convertirse en una práctica habitual.
Críticas por el uso de cuotas mensuales
La imposición de objetivos numéricos ha sido uno de los puntos más cuestionados. Sarah Pierce, exfuncionaria del USCIS, advirtió que fijar cuotas puede politizar el proceso.
Según explicó a The New York Times, exigir cifras mensuales tan elevadas transforma una herramienta legal delicada en un mecanismo rutinario. Esto, a su juicio, genera miedo e inseguridad entre millones de ciudadanos naturalizados.
Consecuencias ya visibles en el país
Las nuevas directrices ya han tenido efectos concretos. En Boston, varias ceremonias de juramento fueron canceladas para inmigrantes de países considerados de alto riesgo, como Cuba, Venezuela y Haití.
Organizaciones de derechos civiles confirmaron que las suspensiones no se limitan a un solo estado. En muchos casos, los solicitantes no recibieron explicaciones claras sobre la paralización de sus procesos.
Un debate constitucional en marcha
Líderes demócratas y defensores de los derechos humanos han advertido que estas medidas podrían vulnerar la Enmienda XIV, que protege la ciudadanía de los naturalizados.
Mientras tanto, la Casa Blanca defiende su programa de “Migración Cero” como una forma de reforzar la seguridad nacional. El aumento de los procesos de desnaturalización abre así un nuevo escenario de incertidumbre legal para millones de personas en Estados Unidos.