El sector privado vuelve a quedar en el centro de la presión estatal en Cuba. En medio de una economía estancada y con serias dificultades productivas, el Gobierno anunció el cierre parcial o total de decenas de micro, pequeñas y medianas empresas.
La decisión se presenta como parte de un programa oficial para “corregir distorsiones”, aunque para muchos emprendedores supone un nuevo golpe a un sector que sostiene buena parte del abastecimiento interno.
Inspecciones y cierres bajo el discurso del ordenamiento
El primer ministro Manuel Marrero informó ante la Asamblea Nacional que se realizaron comprobaciones a entidades que se declararon en pérdidas. Las acciones forman parte del proceso de redimensionamiento de la empresa estatal y de los demás actores económicos.
Según los datos oficiales, se revisaron 869 entidades. De ese total, el 87 por ciento mantenía la condición de pérdidas. Como resultado, 65 fueron cerradas de manera parcial o total.
El Gobierno justifica la medida como una acción correctiva, aunque no precisó cuántas de las entidades clausuradas pertenecen al sector privado.
Las causas alegadas por el régimen
Marrero señaló que las principales irregularidades detectadas fueron la falta de sistemas contables adecuados, omisiones en el registro de ingresos y gastos, y deficiencias generales en la contabilidad.
Estos argumentos sirvieron de base para ordenar los cierres. Sin embargo, las decisiones impactan directamente en un sector que, desde su legalización en 2021, se convirtió en uno de los más dinámicos de la economía cubana.
Para muchos emprendedores, estas deficiencias están relacionadas con un entorno regulatorio cambiante y con la falta de acceso a herramientas financieras estables.
Crecimiento numérico, mayor control estatal
Durante su intervención, el jefe de Gobierno informó que en lo que va de año se constituyeron 77 mipymes estatales. Con ello, el total ascendió a 330 entidades de este tipo.
En paralelo, se registraron 816 mipymes privadas, lo que eleva la cifra total a 11 mil 866 en todo el país. También se aprobaron dos cooperativas no agropecuarias, para un total de 73.
Aun así, Marrero advirtió que continúan las acciones para el “ordenamiento de los objetos sociales”, una expresión que en la práctica se ha traducido en más controles y revisiones.
Descentralización lenta y nuevas limitaciones
El primer ministro reconoció que la descentralización para aprobar nuevas mipymes privadas avanza con lentitud. Hasta ahora, esa facultad solo se ha otorgado a 65 municipios.
Esto limita la expansión del sector en gran parte del país y refuerza la dependencia de decisiones centralizadas. Al mismo tiempo, se anunció una metodología para controlar entidades en pérdidas, cuyos resultados no lograron revertir la situación en la mayoría de los casos.
Más peso para la empresa estatal
Dentro del programa gubernamental también se anunció la creación del Instituto Nacional para la Administración de Empresas Estatales. Su estructura aún se encuentra en conformación.
Esta decisión refuerza el énfasis oficial en el sector estatal, incluso cuando las mipymes privadas han cubierto vacíos que el Estado no logra atender.
Aunque se mencionaron nuevas modalidades de negocios mixtos y encadenamientos productivos, el control decisivo seguirá en manos del Gobierno.
Una relación marcada por la desconfianza
Analistas y académicos han señalado que el régimen mantiene una postura ambivalente hacia los emprendedores. Las mipymes son toleradas por necesidad, pero no asumidas como un pilar estratégico.
Regulaciones cambiantes, trabas burocráticas y controles constantes han marcado su funcionamiento. El cierre de decenas de mipymes refuerza la percepción de que la iniciativa privada sigue siendo un actor condicionado y frágil dentro del modelo económico cubano.