La administración de Donald Trump prepara un plan para ampliar de forma drástica la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos. La propuesta contempla habilitar almacenes industriales de gran tamaño para retener a más de 80,000 migrantes mientras se tramitan sus deportaciones.
El proyecto aparece detallado en un borrador de licitación revisado por The Washington Post. El documento describe una reestructuración completa del modelo actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el objetivo de acelerar expulsiones y reducir traslados internos.
Un modelo basado en grandes centros de detención
El plan propone abandonar el sistema actual, que dispersa a los detenidos por distintas instalaciones del país. En su lugar, se plantea concentrarlos en centros de gran capacidad, diseñados para funcionar como nodos finales antes de la deportación.
Según el borrador, las personas recién arrestadas pasarían primero por centros de procesamiento durante varias semanas. Luego serían enviadas a instalaciones de mayor escala, donde quedarían a la espera de su salida del país.
Almacenes industriales con miles de detenidos
La propuesta incluye la creación de siete grandes almacenes industriales, cada uno con capacidad para entre 5,000 y 10,000 personas. Además, se contemplan 16 centros adicionales más pequeños, con espacio para alrededor de 1,500 detenidos cada uno.
Las ubicaciones previstas se sitúan cerca de importantes centros logísticos en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. El documento menciona, entre otros ejemplos, una instalación para 10,000 personas en Stafford, Virginia, otra de 9,500 cerca de Dallas, Texas, y una de 9,000 en Hammond, Luisiana.
Un plan aún en fase preliminar
El texto aclara que no se trata de una licitación definitiva. El ICE prevé compartir el borrador con empresas privadas del sector para medir interés y realizar ajustes antes de lanzar una solicitud formal de ofertas.
Consultada por The Washington Post, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que no podía confirmar la información y evitó responder preguntas sobre la posible conversión de almacenes en centros de detención.
Eficiencia y reducción de costos como argumento central
El documento sostiene que las nuevas instalaciones permitirían “maximizar la eficiencia” y “minimizar costos”, además de reducir los tiempos de tramitación de los casos migratorios. También afirma que se garantizarán condiciones de seguridad y trato digno para las personas bajo custodia.
En declaraciones citadas en el reportaje, el director interino del ICE, Todd M. Lyons, defendió la idea de gestionar el sistema “como un negocio” y comparó el objetivo con la logística de Amazon, al afirmar: “Como Prime, pero con seres humanos”.
Críticas por las condiciones previstas
Especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que los almacenes industriales no están diseñados para la permanencia humana. Señalan problemas frecuentes como ventilación deficiente, control impreciso de la temperatura y carencias en sistemas de plomería y saneamiento.
La defensora Tania Wolf, del Proyecto Nacional de Inmigración, calificó la iniciativa como “deshumanizante” y afirmó que trata a las personas “como ganado”. Otros expertos alertan sobre riesgos sanitarios y de seguridad al concentrar a miles de personas en espacios originalmente pensados para almacenamiento y transporte.
Remodelaciones prometidas y obstáculos prácticos
El borrador prevé remodelaciones profundas para adaptar las instalaciones. Se incluyen áreas de recepción, unidades de alojamiento con duchas y baños, cocinas, comedores, unidades médicas, espacios recreativos, bibliotecas legales y oficinas administrativas. Algunas instalaciones podrían contar con zonas para familias bajo custodia.
El plan se enmarca en la estrategia de Trump de detener y deportar a millones de migrantes. El reportaje señala que el Congreso habría asignado 45,000 millones de dólares para la expansión del sistema de detención migratoria.
El documento no fija un calendario concreto de inicio, pero indica que los centros deberían comenzar a recibir detenidos entre 30 y 60 días después del comienzo de las obras. Exfuncionarios citados advierten que la falta de personal capacitado y los problemas detectados en centros recientes podrían dificultar la implementación del plan.