Desde el día 1 de enero de 2026 comenzaron a aplicarse restricciones en el uso de los cupones de alimentos SNAP en varios estados. Los cambios afectan a productos considerados poco saludables y marcan un giro en la política del programa.
La decisión forma parte de una estrategia federal para limitar la compra de refrescos, dulces y otras bebidas azucaradas con fondos públicos. Al menos 18 estados ya aprobaron exenciones, aunque la entrada en vigor se está dando por fases.
Cambios que ya entraron en vigor desde enero
Desde el 1 de enero de 2026, cinco estados comenzaron a aplicar las nuevas prohibiciones. En estos territorios, los beneficiarios de SNAP ya no pueden usar sus cupones para adquirir determinados productos.
Indiana prohibió la compra de refrescos y dulces.
Iowa aplica las reglas más amplias hasta ahora, al vetar todos los alimentos gravables según su Departamento de Ingresos, con excepción de semillas y plantas para producir alimentos.
Nebraska dejó fuera refrescos y bebidas energéticas.
Utah y West Virginia eliminaron los refrescos de la lista de productos permitidos.
Estas medidas afectan directamente a más de 1 millón 400 mil personas inscritas en el programa en esos estados.
Más estados se suman durante 2026
El calendario de aplicación continúa durante el resto del año. Idaho y Oklahoma activaron restricciones desde el 15 de febrero, mientras que Louisiana lo hizo a partir del 18 de ese mismo mes, incluyendo refrescos, bebidas energéticas y dulces.
En marzo, Colorado prohibió la compra de refrescos.
En abril, Texas y Virginia limitaron bebidas endulzadas, y Florida comenzó a aplicar una de las listas más amplias desde el 20 de abril, con refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
A partir de julio, Arkansas y Tennessee incorporaron nuevas prohibiciones. Arkansas incluyó bebidas con menos del 50 % de jugo natural y otros productos catalogados como no saludables. En agosto se sumaron Hawái y Carolina del Sur, y en septiembre lo hizo Dakota del Norte. Missouri cerrará el calendario en octubre.
El objetivo sanitario detrás de la medida
Las restricciones responden a una iniciativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. Ambos impulsan la eliminación de alimentos asociados a la obesidad y la diabetes dentro del programa, que beneficia a 42 millones de personas.
Kennedy defendió la medida al señalar que no se debe financiar con fondos públicos el consumo de productos que contribuyen a enfermedades crónicas.
Críticas y preocupaciones en el comercio y la salud
Expertos en comercio minorista y políticas de salud han advertido problemas prácticos. Señalan que no existen listas claras y unificadas de productos prohibidos, lo que genera confusión en las cajas registradoras y retrasos en las compras.
La Federación Nacional de Minoristas anticipa filas más largas y un aumento de quejas. Un informe del sector estima costos iniciales de 1600 millones de dólares para adaptar sistemas, con gastos anuales adicionales de 759 millones.
También hay preocupación por el impacto social. Beneficiarios del programa han expresado que las restricciones aumentan el estigma y dificultan el uso de beneficios mensuales que ya resultan limitados.
Las exenciones tendrán una duración inicial de 2 años, con opción de extenderse por 3 más. Cada estado deberá evaluar su impacto real en la alimentación y la salud de los participantes.