El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración dejará de enviar pagos federales a las llamadas ciudades santuario a partir del 1 de febrero.
La decisión forma parte de su agenda migratoria y anticipa un nuevo choque con gobiernos locales y estatales.
El anuncio se realizó durante un discurso en Detroit y ya genera reacciones políticas y advertencias legales en distintos puntos del país.
Trump endurece su postura contra las ciudades santuario
Durante su intervención, Trump aseguró que las ciudades santuario “protegen a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”. Según explicó, el Gobierno federal no realizará “ningún pago” a las jurisdicciones que limiten la cooperación con las autoridades migratorias.
El mandatario no precisó qué fondos o programas serán recortados. Sin embargo, adelantó que el impacto económico será “significativo” tanto para ciudades como para estados que mantengan este tipo de políticas.
La medida apunta directamente a gobiernos locales gobernados por demócratas, lo que refuerza el tono de confrontación política entre la Casa Blanca y esas administraciones.
¿Qué son las ciudades santuario y a quiénes afecta?
El término ciudades santuario se aplica a localidades que restringen la colaboración de su policía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas políticas suelen limitar la detención o entrega de inmigrantes sin estatus legal.
Entre las ciudades señaladas en distintas listas del Departamento de Justicia figuran Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Seattle, Boston y Minneapolis, entre otras.
Estas jurisdicciones sostienen que sus políticas fortalecen la confianza entre la comunidad inmigrante y las fuerzas de seguridad locales.
Riesgo de nuevas batallas judiciales
El anuncio llega en un contexto legal complejo. Trump ya enfrentó demandas en el pasado por intentar retener fondos federales a ciudades santuario. En varios casos, jueces federales bloquearon esas medidas al considerarlas inconstitucionales.
Expertos legales advierten que esta nueva estrategia podría terminar nuevamente en los tribunales. Señalan que condicionar fondos federales suele requerir aprobación expresa del Congreso.
Un debate que vuelve a polarizar al país
Líderes demócratas calificaron la decisión como un castigo político y una amenaza para servicios esenciales. Alertan que los recortes podrían afectar programas sociales, seguridad pública y asistencia comunitaria.
Trump, por su parte, defiende la medida como parte de su promesa de frenar lo que describe como una “crisis migratoria”. Según sus declaraciones, el objetivo es reducir costos fiscales y reforzar la seguridad.
El anuncio marca una nueva etapa de tensión entre el Gobierno federal y numerosas ciudades y estados, con la política migratoria nuevamente en el centro del debate nacional.