Nueva política de ICE reabre el debate sobre allanamientos sin orden judicial en Estados Unidos.
La política migratoria de Estados Unidos vuelve a generar inquietud tras conocerse un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El documento autoriza a sus agentes a ingresar en viviendas sin una orden judicial emitida por un juez, algo que solía ser obligatorio por ley en Florida.
La medida, que no fue anunciada públicamente, ha encendido alertas entre abogados, académicos y defensores de derechos civiles. Todos coinciden en que sus efectos pueden ir más allá del control migratorio.
Un memorando que cambia la práctica operativa
El documento interno instruye a los agentes del ICE a entrar en domicilios apoyándose únicamente en una orden administrativa.
No se exige una orden judicial tradicional para ejecutar la detención de personas con deportación final.
Según el texto, si el ocupante se niega a permitir el acceso, los agentes pueden usar “la fuerza necesaria y razonable” tras identificarse. Esta directriz fue emitida en marzo del año pasado, pero solo se conoció ahora.
La información salió a la luz gracias a funcionarios de la propia agencia que alertaron a organizaciones legales.
El memorando no se distribuyó a todo el personal, pero sí se utilizó en la formación de nuevos agentes.
¿Por qué genera tanta preocupación legal?
Expertos señalan que la Cuarta Enmienda de la Constitución protege a todas las personas contra registros e incautaciones irrazonables. Esa protección no depende del estatus migratorio.
Una orden administrativa es emitida por un juez de inmigración, que forma parte del poder Ejecutivo. Una orden judicial, en cambio, requiere la intervención de un juez independiente tras evaluarse un posible delito.
Abogados constitucionalistas advierten que permitir allanamientos sin control judicial rompe un límite histórico. También alertan que esta práctica podría afectar a ciudadanos estadounidenses.
Riesgo de errores y detenciones indebidas
Organizaciones civiles recuerdan que ya se han producido arrestos erróneos en operativos migratorios. Personas con nombres comunes o direcciones incorrectas han sido detenidas durante horas o días.
La nueva política aumenta ese riesgo. Una entrada forzada en el domicilio equivocado puede tener consecuencias graves, incluso para familias sin relación con procesos migratorios.
Analistas subrayan que el impacto no se limitaría a quienes tienen órdenes de deportación. El margen de error humano y operativo sigue existiendo.
El contexto político y la expansión del ICE
Esta directriz se enmarca en una ampliación acelerada del ICE. La agencia ha superado los 20.000 agentes activos y ha recibido más de 150.000 solicitudes de ingreso.
El aumento de personal responde al objetivo de ejecutar deportaciones a gran escala. Críticos cuestionan la rapidez del entrenamiento y la falta de filtros rigurosos para nuevos reclutas.
Desde el Gobierno, altos funcionarios defienden la legalidad de la medida. Argumentan que una orden administrativa es suficiente para hacer cumplir las leyes migratorias.
Qué recomiendan las organizaciones legales
A pesar del memorando, los abogados insisten en que los derechos constitucionales no han cambiado. Las personas pueden negarse a abrir la puerta si no se presenta una orden judicial válida.
También recomiendan mantener la calma, no firmar documentos sin asesoría y priorizar la seguridad personal. Varias organizaciones han reforzado campañas informativas ante el aumento de operativos.
La polémica sigue creciendo y anticipa nuevas batallas legales. El alcance real de esta política podría redefinir los límites entre control migratorio y derechos fundamentales en Estados Unidos.