La medida se adoptará mediante un real decreto y permitirá acceder a permisos legales de residencia y trabajo, como previo a la ciudadanía española.
La iniciativa beneficiará a cientos de miles de inmigrantes que ya se encuentran en el país. El Ejecutivo prevé que la regularización entre en vigor de forma inmediata tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
Un acuerdo cerrado sin pasar por el Congreso
El acuerdo ha sido alcanzado entre el Gobierno y Podemos tras meses de negociación. La regularización se aprobará por real decreto, por lo que no necesitará convalidación parlamentaria.
Según las cifras manejadas por el Ejecutivo, la medida podría beneficiar inicialmente a unas 500.000 personas. Desde Podemos señalan que el número total de solicitantes podría superar el millón durante el plazo habilitado.
La regularización había sido reclamada también por otras fuerzas de izquierda y por numerosos colectivos sociales que defienden los derechos de las personas migrantes.
¿Quiénes podrán acogerse a la regularización?
Podrán solicitar la regularización quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025. También será obligatorio carecer de antecedentes penales relevantes y demostrar una permanencia mínima de cinco meses en el país en el momento de la solicitud.
La estancia podrá justificarse mediante distintos documentos habituales. Entre ellos figuran el padrón municipal, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler. También servirán justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte u otros documentos que prueben la presencia continuada en el país.
El plazo para presentar solicitudes se extenderá, previsiblemente, hasta el 30 de junio de 2026.
Permiso provisional y suspensión de expulsiones
Desde el momento en que se presente la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión de carácter administrativo. La suspensión incluirá los expedientes abiertos por trabajar sin autorización.
Cuando la solicitud sea admitida a trámite, se concederá una autorización provisional de residencia. Ese permiso permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos, incluida la asistencia sanitaria.
Si la resolución final es favorable, se otorgará una autorización de residencia por un periodo de un año. Al finalizar ese plazo, la persona podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
El primer paso hacia la ciudadanía española
La regularización no concede directamente la ciudadanía española. Sin embargo, sí permite acceder a una situación administrativa regular, imprescindible para iniciar en el futuro el proceso de nacionalidad.
Con un permiso de residencia legal y el tiempo de permanencia exigido por la ley, los beneficiarios podrán optar más adelante a la ciudadanía por residencia, según su situación personal y país de origen.
Un precedente y un debate pendiente
La propuesta estaba recogida en una Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite en abril de 2024. No obstante, la falta de acuerdo entre los grupos mantuvo la iniciativa bloqueada durante más de un año.
El antecedente más cercano se remonta a 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una regularización que afectó a más de 500.000 inmigrantes.
Con esta decisión, el Ejecutivo opta por una vía directa para dar respuesta a una realidad social que afecta a cientos de miles de personas que viven y trabajan en España sin derechos plenos.