La propuesta de suspender vuelos y remesas a Cuba desde Estados Unidos ha provocado una oleada de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla.
La iniciativa, impulsada por los congresistas republicanos Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, busca aumentar la presión sobre el Gobierno cubano como vía para forzar un cambio político inmediato. Aunque la idea no es nueva, el contexto actual ha amplificado el debate y la polarización.
Durante una conferencia en Miami este 29 de enero de 2026, Giménez pidió a la Administración Trump que detenga todos los vuelos entre Estados Unidos y Cuba, argumentando que estos generan ingresos que prolongan la permanencia del régimen en el poder.
En la misma intervención, solicitó también la suspensión de las remesas, a pesar de reconocer el impacto que esta medida tendría sobre muchas familias cubanas.
Las declaraciones encontraron respaldo entre algunos sectores del exilio, pero también generaron un fuerte rechazo.
Para numerosos cubanos, las remesas no son un lujo, sino un salvavidas. El economista Mauricio de Miranda Parrondo reaccionó en redes sociales afirmando que la medida no afectaría al Gobierno, sino directamente al pueblo.
A su juicio, impedir el contacto familiar y la ayuda humanitaria solo profundizaría el sufrimiento de la población sin debilitar de forma efectiva al poder político.
En la misma línea, el exiliado Pedro Campos Santos consideró que la suspensión de vuelos y remesas divide a la oposición al castrismo y desvía la atención de posibles negociaciones entre Washington y La Habana. Según Campos, aunque el Estado cubano se beneficia económicamente de estas entradas de dinero, el daño social sería mucho mayor.
No obstante, otras voces dentro de Cuba y en la diáspora apoyan la propuesta. Frank Morales, residente en la isla, aseguró que las remesas alivian a corto plazo, pero perpetúan un sistema que mantiene a la población en dependencia.
La activista exiliada Diasniurka Salcedo coincidió en que, tras décadas de represión, un cambio real puede requerir medidas drásticas, aunque dolorosas.
También surgieron posturas intermedias. Algunos cubanos cuestionan que la propuesta carezca de un componente humanitario claro que proteja a los más vulnerables si la situación empeora. Este enfoque refleja una preocupación creciente: cómo presionar al Gobierno sin castigar aún más a una sociedad ya golpeada por la crisis.
El debate se intensificó tras el respaldo público de la congresista María Elvira Salazar, quien defendió detener completamente el turismo, las remesas y cualquier mecanismo que, según ella, financie al gobierno.
Para analistas como el periodista Roberto Céspedes, estas posiciones responden más a cálculos políticos en Florida que a soluciones nuevas para la crisis cubana. Para otros cubanos en Miami o España, la solución no es es dejar sin vuelos y remesas a las familias ya sufridas en Cuba, es atacar directamente a quienes gobiernan la isla.