La Gaceta Oficial publicó una resolución clave para la economía cubana de 2026.
El texto fija las reglas obligatorias con las que el Estado elaborará el plan anual. El lenguaje utilizado confirma un enfoque excepcional.
A partir de ahora, organismos, empresas y gobiernos locales deberán planificar bajo escenarios de crisis y guerra. Así lo establecen las indicaciones metodológicas aprobadas y puestas en vigor.
Un plan diseñado para escenarios extremos
La resolución aprueba las indicaciones para elaborar el Plan de la Economía 2026. El documento no se limita a proyecciones productivas normales. Introduce de forma explícita modelos y procedimientos pensados para períodos de crisis y guerra.
Ese lenguaje aparece de manera literal en los anexos técnicos. Allí se ordena medir la demanda y el nivel de satisfacción de productos y servicios bajo esos escenarios. No se trata de una referencia aislada ni simbólica.
Los modelos abarcan a la población, la economía y la lucha armada. En todos los casos se exige calcular déficits, coberturas reales y prioridades. La planificación se enfoca en la escasez y en la asignación controlada de recursos.
Control central y obligación para todos los actores
El plan será de cumplimiento obligatorio para organismos estatales, empresas, cooperativas y otros actores económicos. La planificación mantiene un carácter centralizado, aunque incorpora a formas no estatales dentro del esquema oficial.
Las entidades deben construir el plan desde la base. Se exige la participación de los trabajadores y la identificación de reservas productivas. También se ordena reportar obstáculos y posibles soluciones.
Los gobiernos provinciales y municipales tendrán un rol activo. Deberán consolidar información, conciliar cifras y certificar demandas. El margen de autonomía queda condicionado a las directivas centrales.
Energía, alimentos y recursos como ejes del plan
Uno de los apartados más extensos está dedicado a los portadores energéticos. El documento ordena planificar el consumo sin admitir deterioros en los índices de eficiencia. Se exige justificar cada demanda de electricidad y combustibles.
El sector agropecuario recibe un tratamiento detallado. Se incluyen lineamientos específicos para avicultura, apicultura y producción de alimentos. Se evalúan insumos, subproductos industriales y capacidades reales de sustitución de importaciones.
Las cooperativas agropecuarias son reconocidas como actores económicos con acceso a recursos. Aun así, quedan sujetas a la validación y control de las direcciones municipales y provinciales de planificación.
Defensa civil y preparación ante riesgos
El plan 2026 incorpora de forma directa a la defensa civil. Las entidades deberán conciliar inversiones y niveles de actividad con estructuras militares y de protección civil. Esta exigencia refuerza el enfoque de preparación ante contingencias mayores.
También se ordena coordinar actividades vinculadas a riesgos, desastres y situaciones excepcionales. La planificación económica queda alineada con escenarios de emergencia prolongada.
Un mensaje político y económico claro
El uso reiterado del término “crisis y guerra” no es casual. Marca el tono con el que el Gobierno concibe el próximo año económico. El plan parte de la escasez, la restricción y el control como supuestos de trabajo.
La resolución confirma que 2026 se proyecta sin expectativas de normalidad. La economía se organiza para resistir, priorizar y administrar déficits. El lenguaje oficial deja poco espacio para interpretaciones optimistas.