El Gobierno de Donald Trump acelera un plan que puede cambiar el panorama para miles de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos.
La medida apunta a revisar con mayor rigor casos en los que existan sospechas de fraude durante el proceso de naturalización.
Aunque la desnaturalización no es nueva, la meta ahora es distinta. Las cifras y el despliegue de personal marcan un giro en la estrategia.
Más casos enviados a litigio
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha comenzado a asignar funcionarios especializados en desnaturalización en oficinas de todo el país.
Según reportes divulgados por NBC News, la meta es remitir entre 100 y 200 casos mensuales a la oficina de litigios de inmigración. Durante el primer mandato de Trump se presentaron 102 casos en total en cuatro años.
En el actual mandato ya se han iniciado 16 procesos y el Gobierno ha ganado 7. Entre ellos figura el caso de un ciudadano originario del Reino Unido condenado por delitos relacionados con material sexual infantil.
“Tolerancia cero” ante el fraude
El portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, dejó clara la postura oficial. “Mantenemos una política de tolerancia cero ante el fraude en el proceso de naturalización e iniciaremos procedimientos de desnaturalización para cualquier persona que haya mentido o tergiversado su identidad”.
También afirmó que la agencia trabajará junto al Departamento de Justicia para proteger la integridad del sistema migratorio.
El Departamento de Justicia ha pedido priorizar casos vinculados con riesgos para la seguridad nacional, crímenes de guerra, tortura o fraudes graves contra programas federales como Medicaid o Medicare. Existe además una cláusula amplia que permite actuar en otros casos que la división considere relevantes.
¿Quiénes están en riesgo?
Cada año cerca de 800000 personas obtienen la ciudadanía mediante naturalización. Para lograrla deben ser mayores de 18 años, residentes permanentes legales, aprobar exámenes de idioma e historia y demostrar “buen carácter moral”.
Ese último requisito podría cobrar mayor peso. Deborah Chen, del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, explicó que algunos solicitantes fueron rechazados por deudas tributarias, incluso con planes de pago activos.
La analista Sarah Pierce, exfuncionaria del USCIS, alertó sobre la posibilidad de evaluaciones retroactivas. “La desnaturalización es una herramienta importante que debería utilizarse en casos excepcionales”, afirmó.
Un proceso judicial obligatorio
La desnaturalización no puede aplicarse de forma automática. Requiere un juicio civil y pruebas sólidas. El proceso puede extenderse durante años.
Doug Rand, exfuncionario del USCIS, recordó que ningún presidente puede retirar la ciudadanía de manera unilateral. “Es muy importante que los ciudadanos estadounidenses naturalizados actuales y futuros sepan que ningún presidente puede despojar unilateralmente a las personas de la ciudadanía por la que han trabajado tan duro para ganarse”, sostuvo.
Sin embargo, organizaciones como el Centro Brennan para la Justicia advierten sobre el impacto psicológico. Margy O’Herron señaló que el solo anuncio genera temor. “Los ciudadanos tienen miedo de que si hacen o dicen algo que no le gusta al gobierno, incluso si esas cosas son legales y están protegidas por la Constitución, serán un blanco”.
Debate sobre el alcance de la medida
La ofensiva coincide con cuestionamientos del propio Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, protegida por la Enmienda 14 de la Constitución.
En el pasado, la desnaturalización se aplicó en casos muy específicos, como exnazis que ocultaron su historial tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con personal desplegado en más de 80 oficinas y metas mensuales definidas, el alcance del plan genera un debate más amplio.
Para millones de naturalizados, el mensaje es claro: el Gobierno revisará con lupa cualquier indicio de fraude en el proceso que les permitió convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.