La justicia en Las Tunas, Cuba, dictó sentencia en un caso de corrupción que impactó directamente la distribución de alimentos destinados a la población de la Canasta Básica, luego de un proceso judicial considerado de alta relevancia social por las autoridades.De acuerdo con la información oficial, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas declaró culpables a cinco ciudadanos por el delito de malversación tras comprobarse el desvío de productos de la canasta básica desde instalaciones estatales.
El juicio se desarrolló de forma oral y pública, con el objetivo de reforzar el carácter ejemplarizante frente a hechos que afectan la economía nacional y el abastecimiento social.
Los hechos ocurrieron en el almacén de la Unidad Empresarial de Base 639, perteneciente a la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas. Según quedó demostrado durante el proceso, los implicados aprovecharon sus funciones laborales para sustraer productos como arroz, azúcar, chícharos y frijoles.
Estos alimentos, destinados a la distribución normada y al consumo social, fueron desviados posteriormente hacia el mercado informal para su comercialización ilegal.
El impacto económico y social del delito fue significativo. Durante el juicio se acreditó que más de 50 000 núcleos familiares resultaron afectados por la falta de estos productos básicos.
Asimismo, se determinó un perjuicio al presupuesto estatal que asciende a 623 088,68 pesos cubanos, cifra que evidencia la magnitud del daño ocasionado.
Las pruebas documentales, periciales y testificales resultaron determinantes para establecer la responsabilidad penal de los acusados. El tribunal calificó los hechos como malversación y dictó sanciones de entre 11 y 13 años de privación de libertad para cada uno de los implicados.
Además, se impusieron penas accesorias como la privación de derechos públicos, la inhabilitación profesional y la prohibición de salida del país.
También se estableció la obligación de resarcir económicamente los daños causados al Estado mediante la correspondiente responsabilidad civil.
Fuentes vinculadas al proceso señalaron que durante todas las fases del expediente se respetaron las garantías legales y el debido proceso, en correspondencia con la legislación vigente.
Asimismo, se confirmó que tanto la defensa como la representación de la Fiscalía General de la República de Cuba tienen la posibilidad de presentar recurso de casación ante instancias superiores, por lo que la vía judicial aún no se considera concluida.