La Administración de Donald Trump anunció un nuevo endurecimiento de la política migratoria que podría afectar a miles de solicitantes de la residencia permanente en Estados Unidos.
La medida recupera el criterio de la denominada «carga pública», que permite evaluar si un inmigrante podría depender de ayudas financiadas por el Estado.
¿Qué cambia con la nueva medida?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que eliminará la normativa aprobada en 2022 durante la administración de Joe Biden, la cual limitaba el alcance de este criterio.
Con el cambio, los funcionarios volverán a tener mayor margen para analizar cada solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus y determinar si el solicitante podría convertirse en una carga económica para el país.
La nueva regulación entrará en vigor el próximo 18 de septiembre.
Regresa una política del primer mandato de Trump
Durante su primer mandato, Donald Trump amplió la interpretación de la regla de carga pública.
En ese momento, se tuvo en cuenta el uso de determinados programas de asistencia relacionados con alimentación, vivienda y atención médica, incluidos Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
La administración de Joe Biden revirtió posteriormente gran parte de esas restricciones.
Ahora, el Gobierno de Trump vuelve a recuperar ese enfoque tras derogar la norma aprobada en 2022.
En un comunicado, el portavoz de USCIS, Zach Kahler, aseguró que «la administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses para que no subsidien a extranjeros que podrían llegar a depender de beneficios públicos».
Preocupación entre organizaciones de inmigrantes
Diversas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto que podría tener esta decisión, especialmente entre familias de bajos ingresos y hogares con estatus migratorio mixto, donde algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros no.
USCIS también confirmó que publicará una versión actualizada del formulario I-485, utilizado para solicitar el registro de la residencia permanente o el ajuste de estatus, con el fin de adaptarlo a la nueva normativa.
La medida supone uno de los cambios más importantes en materia migratoria impulsados por la Administración Trump durante este nuevo mandato y podría influir en las solicitudes de residencia permanente presentadas a partir de su entrada en vigor.
