Una jueza federal bloqueó la nueva orden de Donald Trump sobre ciudadanía por nacimiento, una decisión relevante para familias cubanas que viven en Estados Unidos.
El fallo preliminar impide aplicar la medida firmada en agosto mientras continúa el proceso judicial. La orden pretendía restringir qué personas nacidas en territorio estadounidense podían obtener automáticamente la ciudadanía.
La decisión no concede un estatus migratorio a los padres ni modifica por sí sola otros procedimientos. Sin embargo, mantiene vigente la protección constitucional cuestionada por la Casa Blanca durante el litigio.
La jueza considera inconstitucional la orden
La jueza federal de distrito Deborah Boardman emitió el fallo el miércoles 2 de septiembre. En su decisión de 35 páginas, afirmó que la orden de agosto “casi con toda seguridad es inconstitucional”.
Boardman también ordenó detener preliminarmente su aplicación. La magistrada citó la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y una decisión de la Corte Suprema de junio.
“Este tribunal debe, una vez más, impedir de manera preliminar la aplicación del más reciente intento del presidente de despojar a estas personas de su derecho a la ciudadanía”, escribió.
La Constitución establece que las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas del país. Esa disposición sostiene el principio de ciudadanía por nacimiento.
Según Boardman, Trump intenta cambiar mediante órdenes ejecutivas una tradición jurídica de larga duración. La jueza consideró que ese propósito afectaría a amplios grupos de personas nacidas en Estados Unidos.
Qué significa para las familias cubanas
El fallo interesa a cubanos con estatus migratorio temporal, casos pendientes o situaciones familiares complejas. También puede resultar relevante para quienes esperan el nacimiento de un hijo en Estados Unidos.
Por ahora, la nueva orden no puede utilizarse para negar la ciudadanía por nacimiento a las personas incluidas en su alcance. Se trata, no obstante, de una suspensión preliminar y no de la resolución definitiva del caso.
La ciudadanía del menor tampoco regulariza automáticamente la situación migratoria de sus padres. Ambos asuntos se rigen por normas y procesos distintos dentro del sistema estadounidense.
La orden de agosto era más limitada que la firmada por Trump el 20 de enero de 2025. Entre los grupos mencionados estaban hijos de personas consideradas “enemigos extranjeros” y de funcionarios de embajadas extranjeras.
La información disponible no indica que la medida estuviera dirigida de forma general contra todos los inmigrantes cubanos. Su impacto concreto dependería de las categorías jurídicas establecidas y de cada situación individual.
Segundo intento de Trump desde 2025
Trump firmó una primera orden al comenzar su segundo mandato. Aquella disposición buscaba restringir de forma amplia la ciudadanía por nacimiento y recibió impugnaciones judiciales inmediatas.
Sus opositores alegaron que el presidente no podía cambiar por decreto un derecho reconocido en la Decimocuarta Enmienda. En junio, la Corte Suprema determinó que Trump no podía avanzar con aquella orden independiente.
Después de esa decisión, el presidente firmó otra orden el 6 de agosto. Boardman calificó esa segunda medida como diferente y sin precedentes durante una audiencia anterior.
La organización CASA Inc., con sede en Maryland, actualizó su demanda para incorporar la orden de agosto. La jueza había rechazado antes una solicitud porque el escrito original solo mencionaba la medida de 2025.
Boardman había anticipado que fallaría a favor de CASA Inc. tras la actualización de la demanda. Según expresó, el presidente estaba “tratando de reescribir las excepciones a la ciudadanía por nacimiento con el simple trazo de una pluma”.
El litigio continúa en Estados Unidos
El bloqueo puede ser apelado y el fondo de la controversia todavía deberá resolverse. La Casa Blanca no había respondido a la solicitud de comentarios citada por NBC News tras conocerse el fallo.
La disputa también coincide con una propuesta del Departamento de Estado sobre los pasaportes infantiles. Esa iniciativa exigiría pruebas de ciudadanía o estatus migratorio de los padres al tramitar el documento de sus hijos.
La decisión de Boardman ocupa 35 páginas y suspende la orden ejecutiva que Trump firmó el 6 de agosto de 2026.
