Una jueza federal anuló una directiva de la administración Trump que buscaba restringir el acceso de ciertos inmigrantes a programas de asistencia en Estados Unidos.
La decisión convierte en permanente el bloqueo que ya impedía aplicar la medida desde 2025. La directiva alcanzaba servicios de educación, salud y apoyo social financiados por el gobierno federal.
¿Qué servicios y personas podían verse afectados?
El cambio anunciado en julio de 2025 incluía los centros preescolares Head Start, clínicas comunitarias de salud y determinados programas de educación para adultos. También podía afectar a otros servicios sociales.
La restricción no se dirigía únicamente a inmigrantes indocumentados. Podía alcanzar a personas con presencia legal en Estados Unidos, entre ellas ciertos titulares de visas de trabajo o estudio, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y personas amparadas por DACA.
La legislación federal clasifica a algunos de esos grupos como no elegibles para determinados beneficios. La directiva pretendía aplicar esa clasificación a más programas, pero las órdenes judiciales frenaron su puesta en práctica.
¿Por qué la jueza anuló la directiva?
La jueza Mary McElroy, del distrito federal de Rhode Island, concluyó que la administración no siguió el procedimiento necesario para cambiar las reglas. El gobierno debía abrir un proceso de notificación y comentarios públicos antes de adoptar esa nueva interpretación.
La disputa gira en torno a una ley de 1996 sobre el acceso a beneficios públicos. En julio de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos modificó una interpretación vigente desde 1998 para incluir más servicios entre los llamados beneficios públicos federales.
Fiscales generales de 20 estados y del Distrito de Columbia impugnaron el cambio. Argumentaron que verificar el estatus migratorio podía añadir trámites a los proveedores y disuadir a familias de acudir a los servicios.
Alcance de la decisión judicial
El fallo mantiene bloqueada la directiva, que no llegó a desplegarse como había previsto la administración. Por eso, no restablece programas que hubieran dejado de funcionar a causa de estas restricciones.
La anulación tampoco concede acceso automático a todos los programas de asistencia para inmigrantes. Cada servicio conserva sus requisitos de elegibilidad.
McElroy centró su decisión en el procedimiento utilizado para dictar la medida. La administración federal podría intentar cambiar nuevamente esas reglas si sigue el proceso de notificación y comentarios públicos señalado por el tribunal.
