España atraviesa una jornada de fuerte tensión política y social después de que los partidos de la derecha en el Congreso no aprobaran este viernes los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La derrota parlamentaria coincide con una movilización creciente en las calles. Frente al Congreso se escucharon llamamientos a una huelga general, mientras dentro del PSOE vuelve a plantearse la posibilidad de adelantar las elecciones.
Los dos decretos de vivienda quedan rechazados
El primero de los decretos fue rechazado por 178 votos frente a 172 apoyos. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra de una norma que reunía varias de las principales medidas anunciadas esta semana por el Ejecutivo.
El texto ampliaba hasta 2030 determinadas protecciones frente a desahucios. También contemplaba una prórroga de dos años para contratos de alquiler que vencieran antes de finales de 2028.
Incluía además medidas sobre alquileres temporales y por habitaciones, vivienda pública y determinadas operaciones de grandes inversores.
El segundo decreto también quedó rechazado. Esa norma abordaba la renovación automática de los contratos de alquiler y tenía todavía menos respaldo parlamentario.
Además de PP, Vox y Junts, otras formaciones habían mostrado su rechazo a este segundo texto.
El Gobierno decidió llevar ambos decretos a votación pese a conocer que no tenía asegurada la mayoría.
Según explicó el Ejecutivo, las propuestas se habían negociado durante meses con diferentes grupos. La presión social por la vivienda aceleró después la necesidad de buscar una respuesta parlamentaria.
Crece el malestar y aparecen llamamientos a una huelga general
La votación se produjo mientras cientos de personas se concentraban en los alrededores del Congreso.
El Sindicato de Inquilinas y otros colectivos habían convocado movilizaciones para exigir la aprobación de las medidas.
Tras conocerse el resultado, entre los manifestantes se escucharon gritos reclamando una huelga general. También están previstas nuevas protestas durante el fin de semana.
Buena parte del enfado se ha dirigido contra PP, Vox y Junts por sus votos contra los decretos. Junts ha recibido una presión especialmente intensa tras haber negociado parte del contenido con el Gobierno.
La protesta, sin embargo, no está dirigida exclusivamente contra esos partidos. También se han escuchado críticas hacia el Ejecutivo por la gestión previa de la crisis de la vivienda y por considerar que las medidas llegaron tarde o eran insuficientes.
El conflicto adquirió mayor fuerza después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las movilizaciones recientes.
Pedro Sánchez vuelve a tener sobre la mesa un posible adelanto electoral
La caída de los dos decretos abre ahora un escenario político mucho más incierto.
EL PAÍS informó este viernes de que dirigentes socialistas y miembros del Gobierno consideran que el presidente debería valorar unas elecciones anticipadas.
Pedro Sánchez no ha anunciado todavía ninguna decisión.
Según ese medio, el presidente está escuchando distintas posiciones dentro del Gobierno y del PSOE antes de decidir si mantiene la legislatura o convoca elecciones.
Una de las fechas que aparece en ese escenario es el domingo 29 de noviembre.
Para que las elecciones pudieran celebrarse ese día, la convocatoria tendría que publicarse el 6 de octubre. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.
Por tanto, la fecha es legalmente posible, pero todavía no existe una convocatoria oficial.
El cálculo político tras la derrota parlamentaria
Parte del PSOE considera que la vivienda podría convertirse en el principal eje de una eventual campaña electoral.
El razonamiento de esos dirigentes es que el rechazo de las medidas puede desplazar una parte del descontento hacia los partidos que votaron en contra.
Ese cálculo coincide con las protestas actuales, donde PP, Vox y Junts han recibido fuertes críticas.
También podría beneficiar políticamente a formaciones situadas a la izquierda del PSOE, que han respaldado varias de las demandas del movimiento por la vivienda.
Eso no permite afirmar, sin embargo, que unas elecciones anticipadas vayan a producir una victoria de un bloque concreto.
El resultado dependería de la participación, las candidaturas, la evolución de las protestas y la situación política cuando finalmente se convoquen las elecciones.
Dentro de la propia izquierda existen además dificultades. Sumar atraviesa un proceso de reorganización y el espacio político situado a la izquierda del PSOE continúa fragmentado.
¿Qué podría pasar con los cubanos que esperan la nacionalidad española?
Un eventual cambio de Gobierno también generaría dudas entre miles de extranjeros que tienen expedientes de nacionalidad española pendientes.
En el caso de los cubanos, la legislación actual mantiene una ventaja importante.
El artículo 22 del Código Civil establece que los nacionales de origen de países iberoamericanos pueden solicitar la nacionalidad española después de dos años de residencia legal y continuada.
Un cambio de Gobierno no cancelaría automáticamente los expedientes que ya se encuentran en trámite.
El Ministerio de Justicia mantiene actualmente procedimientos electrónicos para presentar documentación y consultar solicitudes ya iniciadas.
Un futuro Ejecutivo podría impulsar cambios legislativos, administrativos o presupuestarios que afectaran a la política de nacionalidad. Cualquier modificación sustancial tendría que concretarse mediante normas y establecer cómo se aplicaría a los procedimientos pendientes.
Por ahora, no existe ninguna decisión que modifique el régimen actual de los expedientes de nacionalidad de ciudadanos cubanos.
Un fin de semana decisivo
Las próximas horas pueden resultar importantes para conocer hasta dónde llega la movilización por la vivienda.
Las manifestaciones previstas para este fin de semana servirán también para medir la dimensión del malestar social tras la derrota de los dos decretos.
Mientras tanto, todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez.
Si optara por la primera fecha electoral posible que se está manejando, la decisión tendría que producirse prácticamente de inmediato.
