Doral y Miami podrían dejar sus acuerdos con ICE sin abandonar la cooperación migratoria exigida por Florida, según José Javier Rodríguez, candidato demócrata a fiscal general del estado.
Rodríguez sostuvo que las autoridades municipales pueden decidir si sus policías mantienen los convenios del programa 287(g). Aseguró que defendería esa postura desde la Fiscalía General si gana las elecciones de noviembre.
La diferencia entre cooperar y firmar un acuerdo
El programa 287(g) permite que agencias policiales locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en determinadas funciones migratorias. La discusión en Doral y Miami gira en torno a cuánto deben participar sus policías, no a impedir que las autoridades federales actúen.
La ley de Florida exige cooperación con las autoridades migratorias federales y prohíbe las políticas de «ciudad santuario». Sin embargo, el artículo 908.11 obliga expresamente a firmar un acuerdo 287(g) al sheriff o al responsable de un centro de detención del condado. No establece esa misma obligación para todas las policías municipales.
Rodríguez considera que una ciudad puede cumplir sus deberes de coordinación sin conservar un convenio que amplíe las tareas migratorias de sus agentes. Es la interpretación que promete defender si resulta elegido; ninguna de las dos ciudades ha anunciado, a raíz de sus declaraciones, la salida del programa.
El debate local en Doral y Miami
En Doral hay nuevas peticiones para abandonar el acuerdo con ICE. La alcaldesa Christi Fraga ha respondido que revocar la resolución municipal no cambiaría la legislación federal ni impediría las operaciones de ICE en la ciudad.
Residentes y organizaciones también han pedido en Miami que se cancele el convenio. Rodríguez afirmó que corresponde a las autoridades locales decidir si destinan recursos municipales a tareas que, a su juicio, exceden la cooperación obligatoria.
Otras propuestas del candidato
Rodríguez prometió intentar recuperar 10 millones de dólares procedentes de un acuerdo relacionado con Medicaid que terminaron en la fundación Hope Florida. Un gran jurado cuestionó el destino de esos fondos, pero concluyó que carecía de pruebas suficientes para acusar penalmente a una persona concreta.
También dijo que, si llega al cargo, investigaría las condiciones de detención y los contratos del centro conocido como Alligator Alcatraz. Sus señalamientos sobre abusos y costos son afirmaciones del candidato, no conclusiones de una investigación anunciada por la Fiscalía General.
Entre sus otras propuestas figuran combatir posibles fraudes en asociaciones de condominios y cuestionar aumentos de tarifas eléctricas y seguros de vivienda. Sobre los medicamentos, planteó actuar contra prácticas que encarezcan la insulina cuando exista fundamento para una demanda.
