España entra desde este lunes en una campaña electoral marcada por dos incógnitas. La primera es quién podrá formar mayoría tras el 29 de noviembre.
La segunda interesa directamente a miles de cubanos. Tiene que ver con el futuro de la Ley de Memoria Democrática y los expedientes de nacionalidad todavía pendientes.
Pedro Sánchez anunció este lunes elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llegó después del rechazo en el Congreso de dos decretos sobre vivienda y de un fin de semana de movilizaciones.
RTVE confirmó la convocatoria tras la declaración institucional del presidente del Gobierno.
Las encuestas ofrecen dos fotografías muy diferentes
El último barómetro de 40dB. para El País y la Cadena SER sitúa al PP en el 31,6%. El PSOE aparece con 27,4% y Vox con 18,4%.
PP y Vox sumarían alrededor del 50% del voto estimado en ese sondeo.
Sin embargo, el trabajo de campo se realizó entre el 25 y el 28 de septiembre. Por tanto, no recoge completamente los hechos políticos ocurridos después.
Quedaron fuera el rechazo de los decretos sobre vivienda, las movilizaciones del fin de semana y el anuncio de elecciones anticipadas.
El barómetro de 40dB. publicado este lunes ofrece por eso una referencia importante, pero anterior al nuevo escenario.
El CIS de septiembre dibujó una situación muy distinta. Situó al PSOE en el 31%, al PP en el 25,5% y a Vox en el 16,6%.
Ese estudio se realizó entre el 1 y el 4 de septiembre. EFE recogió los resultados del barómetro.
Ninguna de esas dos encuestas mide todavía por completo el efecto de la convocatoria electoral.
Por qué estas elecciones preocupan a miles de cubanos
La cuestión va mucho más allá de quién ocupe La Moncloa.
Miles de cubanos siguen esperando credenciales, citas, presentación de documentos, subsanaciones, resoluciones o inscripciones vinculadas a la llamada Ley de Nietos.
El plazo para iniciar nuevas solicitudes terminó el 22 de octubre de 2025.
Sin embargo, el Consulado General de España en La Habana mantiene que quienes pidieron cita dentro del plazo pueden continuar.
Esas personas deben conservar el justificante que pruebe que solicitaron cita antes del cierre.
La propia web consular explica que recibirán credenciales para escoger fecha y presentar posteriormente la documentación.
Además, una instrucción publicada en enero de 2026 en el BOE mantiene expresamente la tramitación de estos procedimientos.
El volumen pendiente es enorme y Cuba está entre los casos más sensibles
Los datos oficiales muestran la magnitud del proceso.
A 31 de mayo de 2026, la red consular española había recibido 1.225.188 solicitudes presentadas personalmente.
En esa fecha se habían aprobado 571.761 expedientes y realizado 333.696 inscripciones.
Exteriores publicó esas cifras.
Datos posteriores divulgados por el Gobierno elevaban las solicitudes aprobadas a casi 600.700 hasta finales de agosto.
El problema en Cuba es especialmente delicado por la carga acumulada en un único consulado.
Eso significa que una parte importante de los solicitantes cubanos podría llegar a la nueva legislatura con su procedimiento todavía abierto.
El PP ha prometido derogar la Ley de Memoria Democrática
La posibilidad de una derogación no es una especulación sin respaldo político.
La ponencia política nacional del Partido Popular recoge expresamente que derogará la Ley de Memoria Democrática.
El documento aprobado por el partido la denomina “mal llamada ley de memoria democrática”.
La ponencia política del PP puede consultarse aquí.
Además, en abril de 2026 el Grupo Popular presentó en el Congreso un texto alternativo para derogar completamente la Ley 20/2022.
El texto mantenía provisionalmente las normas sobre localización y exhumación de víctimas.
Sin embargo, no incluía una disposición específica que protegiera expresamente los expedientes pendientes de nacionalidad.
El documento fue publicado por el Congreso.
Eso no significa que esos expedientes quedarían automáticamente anulados. Sí significa que su situación dependería de cómo se redactara una eventual ley derogatoria.
Vox ha ido todavía más lejos contra la llamada Ley de Nietos
Vox también ha planteado la derogación completa de la Ley de Memoria Democrática.
En una enmienda a la totalidad presentada en el Congreso, el partido propuso expresamente eliminar la Ley 20/2022.
El texto parlamentario de Vox planteó también suprimir estructuras creadas por esa norma.
Durante 2026, Vox ha mantenido además una ofensiva política, administrativa y judicial contra la aplicación de la denominada Ley de Nietos.
El partido sostiene que la aplicación de la disposición adicional octava permitió nacionalizaciones demasiado amplias.
También ha cuestionado su impacto sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes.
La propia formación publicó una cronología de sus actuaciones contra la Ley de Nietos.
El PP también ha cuestionado cómo se están concediendo algunas nacionalidades
El debate no se limita a Vox.
En septiembre, el PP lanzó una iniciativa parlamentaria para exigir que las nacionalizaciones se ajustaran estrictamente a los supuestos fijados por la ley.
El partido pidió “rigor en la concesión de nacionalidades” y advirtió contra lo que calificó como un posible “coladero”.
El propio PP difundió esa iniciativa.
PP y Vox coinciden en querer derogar la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, no han formulado exactamente la misma respuesta para todas las nacionalidades ya concedidas.
¿Qué ocurriría si PP y Vox formaran Gobierno?
La respuesta depende de qué aprobaran exactamente después de las elecciones.
Un Gobierno no puede borrar una ley simplemente con una declaración política.
Sería necesaria una nueva norma aprobada conforme al procedimiento correspondiente.
Esa norma tendría que establecer qué ocurre con los procedimientos iniciados bajo la legislación anterior.
El punto clave estaría en las disposiciones transitorias.
Quienes ya tienen su nacionalidad inscrita están en una situación distinta
La Ley de Memoria Democrática reconoce nacionalidad española de origen a quienes adquieren la ciudadanía por esta vía.
La instrucción de 2022 establece que se trata de nacionalidad de origen adquirida de forma sobrevenida.
El BOE recoge expresamente esa interpretación.
La Constitución establece además una protección muy clara.
Su artículo 11.2 señala que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
El texto constitucional está publicado en el BOE.
Por tanto, una eventual derogación de la Ley de Memoria Democrática no equivale a retirar automáticamente las nacionalidades ya adquiridas e inscritas.
Los expedientes pendientes son el verdadero punto de incertidumbre
Aquí la situación cambia.
Una persona con nacionalidad ya inscrita no está jurídicamente en la misma posición que otra cuyo expediente continúa sin resolución.
Tampoco es idéntico el caso de quien ya presentó formalmente sus documentos y el de quien solo conserva una solicitud de cita dentro de plazo.
Actualmente, ambos procedimientos siguen amparados por las reglas vigentes.
Pero una futura ley derogatoria podría establecer un régimen transitorio específico.
El Código Civil dispone, como regla general, que las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que establezcan lo contrario.
El artículo 2.3 del Código Civil contiene esa regla.
Eso impide afirmar hoy que una derogación futura anularía automáticamente todos los expedientes correctamente iniciados.
Pero tampoco permite asegurar que cada expediente pendiente quedaría blindado sin conocer el texto de la futura reforma.
El precedente del PP deja abierta una pregunta importante
El texto alternativo presentado por el PP en abril es relevante precisamente por ese motivo.
Aquel documento sí creó una disposición transitoria para las exhumaciones.
En cambio, no incluyó una regla equivalente para los expedientes de nacionalidad.
Si un futuro Gobierno utilizara una fórmula parecida, habría que determinar cómo aplica la administración la derogación a solicitudes ya iniciadas.
Esa cuestión podría terminar ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública o incluso ante los tribunales.
Quien pidió cita antes del cierre debe conservar todas las pruebas
Para los solicitantes cubanos este punto es especialmente importante.
La administración española reconoce actualmente la validez de las solicitudes de cita realizadas dentro del plazo.
El Consulado de España en La Habana exige conservar el justificante correspondiente.
Por ello conviene guardar el CSV, los correos recibidos, las credenciales, justificantes y cualquier documento relacionado con la fecha de solicitud.
Una eventual modificación legal podría convertir esas pruebas en elementos fundamentales para acreditar cuándo comenzó el procedimiento.
El Tribunal Supremo ya ha abierto otro frente sobre la Ley de Nietos
La batalla jurídica ya está en marcha, aunque actualmente afecta al ámbito electoral.
En septiembre, el Tribunal Supremo adoptó medidas cautelares sobre determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.
La decisión respondió a recursos presentados por Vox e Iustitia Europa.
EFE explicó que el Supremo dejó en suspenso determinadas altas en el CERA.
La medida exige verificar determinados requisitos vinculados al exilio para mantener efectos electorales en algunos casos.
Eso no equivale a cancelar automáticamente la nacionalidad española de esas personas.
Tampoco ha paralizado de forma general los expedientes consulares pendientes.
Nacionalidad y derecho al voto son ahora dos debates diferentes
Este matiz será especialmente importante durante la campaña.
Una persona puede haber adquirido válidamente la nacionalidad y, al mismo tiempo, encontrarse afectada temporalmente por una discusión judicial sobre el censo electoral.
La controversia actual ante el Supremo se centra en el voto y la inscripción en el CERA.
La posible derogación de la Ley de Memoria Democrática sería una cuestión legislativa distinta.
Por eso los cubanos con expedientes pendientes tendrán que observar dos procesos paralelos durante las próximas semanas.
Uno será el resultado de las elecciones del 29 de noviembre.
El otro será la evolución de los procedimientos judiciales y administrativos que ya afectan a la Ley de Nietos.
Tres situaciones distintas para los solicitantes cubanos
Quienes ya tienen inscrita la nacionalidad española de origen cuentan con la protección constitucional prevista para los españoles de origen.
Quienes presentaron su expediente dentro del plazo mantienen actualmente su procedimiento abierto y sujeto a la legislación vigente.
Quienes solicitaron cita antes del cierre, pero todavía esperan credenciales o presentación, conservan hoy el derecho reconocido por Exteriores a continuar el proceso.
El futuro de los dos últimos grupos dependerá en buena medida del contenido exacto de cualquier reforma que pudiera aprobar el próximo Parlamento.
Por eso las elecciones españolas tienen una lectura especial en Cuba.
No solo decidirán la composición del próximo Gobierno. También pueden determinar qué mayoría parlamentaria tendrá capacidad para modificar o derogar la Ley de Memoria Democrática.
