Los beneficios del Seguro Social podrían reducirse un promedio de $2.152 anuales por jubilado desde 2034 si continúan las actuales políticas migratorias, según un estudio.
La cifra equivale a una reducción proyectada del 8,6 %. No es un recorte aprobado ni afecta los pagos actuales.
Menos trabajadores, menos aportes al sistema
El estudio fue encargado por America’s Voice y elaborado por Economic Insights and Research Consulting. Sus autores examinaron cómo una menor fuerza laboral inmigrante podría afectar la economía y la recaudación que financia las jubilaciones.
Según el análisis, los inmigrantes sin estatus legal aportan alrededor de $26.000 millones anuales en impuestos sobre la nómina destinados al Seguro Social, aunque no pueden cobrar esas prestaciones por su situación migratoria. Una disminución de esos aportes aumentaría la presión financiera sobre el programa.
Los investigadores estiman que aproximadamente 1,2 millones de trabajadores nacidos en el extranjero han salido de la fuerza laboral en los últimos dos años. Advierten que no todos los cambios económicos observados pueden atribuirse exclusivamente a la política migratoria.
Alimentos con aumentos superiores al promedio
La agricultura figura entre los sectores que dependen de trabajadores inmigrantes. En el periodo examinado, el estudio encontró que varios productos vinculados a esa mano de obra subieron más que los alimentos en general.
La leche entera fresca aumentó un 5,7 %, las verduras enlatadas un 6,3 % y las manzanas un 7,2 %, según las cifras del análisis. Los autores consideran que una menor disponibilidad de trabajadores podría añadir presión a los precios.
La construcción también acusa la falta de personal
El estudio señala que la escasez de trabajadores puede retrasar proyectos de vivienda y afectar también a electricistas, plomeros y otros profesionales que participan en las obras.
En los estados más dependientes de trabajadores nacidos en el extranjero, el costo de nuevos proyectos de vivienda unifamiliar aumentó un 10,9 % en 2026 frente a los primeros ocho meses de 2024. A escala nacional, los permisos para construir viviendas unifamiliares disminuyeron un 10,6 % desde enero de 2025.
