Estados Unidos planea transmitir en directo el fusilamiento militar de Nidal Malik Hasan, condenado por el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.
El Pentágono confirmó el 8 de octubre que la ejecución está prevista para el 3 de diciembre de 2026. La transmisión anunciada abrió una disputa sobre la exposición pública de la pena de muerte.
La ejecución prevista en Fort Hood
Hasan era psiquiatra del Ejército cuando abrió fuego en Fort Hood. Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Está previsto que un pelotón de soldados lo fusile en la misma base donde ocurrió el ataque.
Si se lleva a cabo, será la primera ejecución del Ejército estadounidense en más de 65 años. También sería la primera ejecución militar por pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dicho que la ejecución sería pública. Después, responsables del Pentágono precisaron que se transmitiría en directo. El secretario defendió que el público pudiera verla para comprender las consecuencias de un ataque como el cometido por Hasan.
La fecha aún podría cambiar. Hasan tiene la posibilidad de acudir a un tribunal civil mediante una petición de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención. Eugene R. Fidell, especialista en derecho militar, advirtió que ese recurso podría demorar considerablemente la ejecución.
La objeción de la ONU y las dudas legales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la retransmisión. A su juicio, difundir una ejecución en directo equivale a realizarla públicamente y vulneraría la prohibición absoluta de la tortura.
El organismo recordó que ha cuestionado las ejecuciones públicas en otros países, entre ellos Afganistán e Irán. Considera que constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Los especialistas consultados plantearon posiciones distintas. Deborah Denno, profesora de derecho en la Universidad Fordham, sostuvo que una transmisión permitiría conocer cómo se aplica la pena capital. Elisabeth Semel, de la Universidad de California en Berkeley, cuestionó sus implicaciones para la dignidad del condenado y el acceso del público a las imágenes.
Brenner Fissell, profesor de derecho en la Universidad Villanova, señaló que algunos estados tienen dificultades para conseguir los fármacos usados en inyecciones letales. También mencionó los obstáculos para encontrar profesionales sanitarios dispuestos a participar en esos procedimientos.
La pena de muerte bajo examen
El anuncio ocurre después de que Christa Pike sobreviviera a una inyección letal fallida en Tennessee. En Texas, Jamaal Howard fue ejecutado mediante inyección letal el 7 de octubre, tras el rechazo judicial de una solicitud para suspender el procedimiento.
Estados Unidos había ejecutado a 30 personas en 2026 hasta el momento del anuncio. En 2025 fueron 47, la cifra anual más alta desde 2009.
