Una jueza federal anuló la política del Departamento de Justicia que buscaba reunir datos de votantes de los estados y cruzarlos con registros migratorios.
La decisión, dictada el 9 de octubre de 2026, afecta un plan de la administración de Donald Trump para identificar a personas inscritas que el Gobierno considerara no elegibles para votar. El tribunal concluyó que el Departamento de Justicia excedió sus atribuciones y vulneró normas federales de privacidad.
El alcance de la solicitud a los estados
La División de Derechos Civiles comenzó a pedir padrones completos en mayo de 2025. Según la resolución judicial, dirigió solicitudes a 49 estados y al Distrito de Columbia. Al menos 18 estados entregaron sus listas sin ocultar datos personales.
Entre la información solicitada figuraban nombres completos, fechas de nacimiento y domicilios. También se pidieron números de licencias de conducir estatales o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.
El Departamento pretendía comparar esos registros con SAVE, un sistema federal utilizado para verificar datos de ciudadanía y situación migratoria. Su objetivo declarado era localizar a personas no ciudadanas inscritas en los padrones.
El riesgo de excluir a ciudadanos
La jueza Sparkle Sooknanan advirtió que la base utilizada para las comparaciones contenía información inexacta. La resolución señala que la política ya había provocado la eliminación de ciudadanos estadounidenses de listas electorales y podía afectar a otros votantes elegibles.
El tribunal también cuestionó el manejo de la información personal. Determinó que la política incumplía protecciones de la Ley de Privacidad y requisitos de la ley federal que regula la recopilación de información por las agencias.
¿Qué cambia tras el fallo?
La demanda fue presentada por Common Cause junto con cuatro votantes. La jueza anuló la política impugnada, pero aclaró que el Gobierno federal puede ayudar legalmente a los estados a mantener registros electorales precisos.
La decisión tampoco impide que los estados revisen sus propias listas. La administración de los padrones electorales permanece bajo responsabilidad estatal.
