Más de 5.000 peticiones de ayuda legal han llegado a abogados en Argentina para defender el voto de españoles nacionalizados por la Ley de Nietos que viven fuera de España.
Los mensajes llegaron principalmente desde Argentina, pero también desde Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Ecuador y México. Fuentes cercanas al proceso describen una avalancha de solicitudes tras conocerse la posibilidad de recibir representación gratuita. La cifra corresponde a peticiones y mensajes recibidos, no a personas ya representadas ante un tribunal.
La suspensión del voto y el plazo judicial
La movilización responde a una decisión del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente el voto de personas nacionalizadas por la Ley de Nietos residentes en el extranjero. El asunto afecta a su participación en las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.
El auto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el jueves 15 de octubre. Desde entonces corre un plazo de cinco días para comunicar la intención de personarse ante el Supremo. Los afectados deben contar con abogado y procurador, lo que obliga a organizar la respuesta desde el exterior antes del miércoles 21 de octubre.
El despacho del exjuez Baltasar Garzón estudia si asumirá la representación de afectados. Una opción que valoran los abogados es presentar tres casos de residentes en distintos países latinoamericanos y europeos. Esa posibilidad todavía no equivale a la aceptación de todas las solicitudes recibidas.
Un poder legal difícil de obtener a tiempo
Para representar a cada persona, los letrados necesitan un apoderamiento. Una vía es gestionarlo en un consulado español. Otra consiste en acudir a un notario y tramitar después la apostilla de La Haya, con las gestiones y gastos correspondientes.
Una persona vinculada a la iniciativa señaló que el consulado en Buenos Aires estaba dando citas para ese trámite a un mes vista. Para quienes viven lejos de una oficina consular, el desplazamiento añade otra dificultad al plazo judicial.
También hay familias que deben reconstruir documentos sobre el exilio de sus antepasados. Lorena Lores, secretaria de la Federación de Asociaciones Gallegas en Argentina, planteó la dificultad de reunir en cinco días pruebas de viajes realizados de forma clandestina. Lores aseguró, además, que abogados implicados en la iniciativa habían recibido amenazas por redes sociales y mensajes privados.
Cinco expedientes y una petición al Constitucional
El Centro de Descendientes de Españoles Unidos, una asociación argentina, optó por acudir al Supremo con cinco casos. La entidad concentró sus esfuerzos en esos expedientes ante el poco tiempo disponible para incorporar a otros afectados.
La asociación también pidió la intervención del Defensor del Pueblo mediante un escrito presentado por su abogado, Eduardo Ranz. Al día siguiente, el organismo acudió al Tribunal Constitucional para solicitar medidas cautelares urgentes sobre la interpretación del Supremo. La respuesta del Constitucional determinará el recorrido de esa petición.
