Un cubano demanda a ICE por retener su licencia de conducir y su tarjeta del Seguro Social tras liberarlo, una situación que, según afirma, lo dejó sin hogar en Tampa, Florida.
Rolando Ramírez Fuentes, de 57 años, figura entre siete personas que presentaron la demanda el 13 de octubre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito de Columbia. El grupo acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de conservar documentos y pertenencias después de liberar a inmigrantes detenidos.
Sin licencia ni tarjeta del Seguro Social
Ramírez Fuentes sostiene que pidió sus documentos, pero no los recuperó. Según su reclamación, la falta de identificación dificultó que encontrara trabajo y pagara alojamiento. Afirma que seguía sin hogar cuando presentó la demanda, más de cinco meses después de salir de detención.
El cubano también relata dificultades para recibir atención médica por una enfermedad cardíaca. Sus abogados sostienen que los documentos le pertenecen, no son falsos y tampoco constituyen pruebas de un delito. La denuncia cuestiona, además, que ICE no le facilitara copias.
El escrito judicial cita una directriz de ICE que exige entregar una copia certificada cuando la agencia conserva documentos originales de una persona liberada. Los demandantes alegan que la retención de bienes sin justificación incumple las reglas de la propia agencia.
Una liberación con la deportación aún pendiente
Ramírez Fuentes llegó de Cuba a Estados Unidos en 1980, cuando tenía unos 11 años. Tras una condena relacionada con drogas en 2003, recibió una orden de deportación y permaneció bajo supervisión migratoria desde 2004.
Agentes de ICE lo detuvieron de nuevo el 23 de julio de 2025, fuera de su centro de trabajo. El 28 de abril de 2026, un juez federal ordenó liberarlo al considerar que no había perspectivas razonables de ejecutar su deportación en un futuro previsible. La decisión no anuló la orden de deportación ni le concedió otro estatus migratorio.
¿Qué solicitan los siete demandantes?
La demanda contra ICE por documentos retenidos incluye reclamaciones por pasaportes, permisos de trabajo, teléfonos, llaves, dinero y otras pertenencias. Otro demandante, Vladimir Izmailov, sostiene que la retención de su autorización laboral le impidió conseguir empleo estable y obligó a su familia a pedir dinero prestado para pagar el alquiler.
Los abogados alegan que estas retenciones vulneran la Cuarta Enmienda, que protege frente a incautaciones irrazonables. Piden que el tribunal admita el proceso como acción colectiva, declare ilegales las retenciones injustificadas y ordene medidas para devolver los bienes. Se trata de alegaciones y solicitudes pendientes de resolución judicial.
