Una multa por incumplir una orden de deportación terminó en una sentencia federal de 668.390,95 dólares contra una ciudadana hondureña en Florida.
Una orden firme y una multa diaria
Un juez de inmigración ordenó la deportación de Kenia Elizabeth Vasquez Dubon a Honduras el 22 de julio de 2022. La orden quedó firme el 23 de agosto de ese año. Ella permaneció en Estados Unidos durante más de tres años después de recibir la orden.
El Gobierno le envió varias comunicaciones, entre ellas una notificación de intención de imponer una multa y una factura de cobro. Después presentó una demanda para obtener el pago. Vasquez Dubon no respondió a ese proceso judicial.
El juez federal Ed Artau dictó sentencia en rebeldía a favor de Estados Unidos. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, el juez consideró que la mujer había incumplido voluntariamente la orden migratoria.
La cantidad fijada corresponde al saldo de una multa civil calculada a razón de 998 dólares diarios, más intereses legales hasta el 6 de febrero de 2026. La Fiscalía dio a conocer la sentencia el 21 de octubre.
¿Qué cambia al convertirse en sentencia federal?
La multa ya no figura solo como un cobro reclamado por el Gobierno: un tribunal federal ordenó pagarla. Esa diferencia importa porque el Gobierno puede acudir a mecanismos judiciales para intentar cobrar una sentencia.
El fallo responde a las circunstancias de este expediente. No establece una multa general de 668.390,95 dólares para todas las personas con órdenes finales de deportación. Tampoco significa que cualquier demora en la salida del país reciba la misma sanción.
La ley permite imponer multas civiles cuando una persona incumple una orden final de salida. En este caso, la conclusión sobre el incumplimiento voluntario fue parte de lo que sustentó la decisión del juez. La falta de respuesta a la demanda permitió que el tribunal resolviera el reclamo sin una defensa presentada por la afectada.
La distinción para los cubanos con I-220A
Para un cubano con I-220A, la pregunta decisiva no es solo qué documento recibió al quedar en libertad. Debe comprobar si existe una orden final de deportación en su expediente y qué notificaciones o exigencias le ha enviado el Gobierno.
El I-220A, por sí mismo, no equivale a una orden final de deportación ni concede residencia permanente. Por eso, este fallo contra una ciudadana hondureña no permite concluir que toda persona con ese formulario esté expuesta a la misma multa.
También importa distinguir entre negarse voluntariamente a cumplir una orden y enfrentar obstáculos para salir de Estados Unidos. Esa diferencia depende de las circunstancias de cada caso y no puede resolverse a partir del tipo de formulario que tenga el migrante.
Quien reciba una notificación de multa o una demanda puede revisar los plazos indicados y consultar a un abogado de inmigración con los documentos de su caso. En el expediente de Florida, el tribunal dictó sentencia después de que la demandada no respondiera a la demanda federal.
