Los patrocinadores de parole podrían enfrentar una revisión del apoyo económico que ofrecieron a sus beneficiarios cuando soliciten la ciudadanía de Estados Unidos.
Según explicó la abogada Claudia Cañizares, USCIS puede considerar posibles incumplimientos al evaluar el buen carácter moral exigido para la naturalización. La revisión no implica un rechazo automático por haber patrocinado a alguien que después recibió asistencia pública.
El compromiso que puede entrar en la evaluación
Cañizares vinculó esta revisión con un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, fechado el 4 de noviembre de 2026. Según su explicación, contempla compromisos asumidos mediante los formularios I-134A, I-134 e I-864, que tienen condiciones y obligaciones diferentes.
El I-134A se utilizó para respaldar a beneficiarios de determinados programas de parole humanitario. Quienes lo presentaron declararon que proporcionarían apoyo económico durante la permanencia del beneficiario bajo ese permiso.
Al tramitar el formulario N-400, el oficial podría examinar si el patrocinador cumplió lo declarado durante el período correspondiente. Para los patrocinadores de parole, la cuestión sería qué asistencia comprometieron y cuál proporcionaron realmente.
Recibir ayuda pública no equivale a una denegación
La abogada ilustró el alcance con una residente que patrocinó a una amiga cubana, quien después necesitó asistencia económica. Explicó que recibir esa ayuda no basta, por sí solo, para impedir la naturalización de la patrocinadora.
La evaluación debe distinguir el apoyo comprometido, su duración y el cumplimiento concreto. Cañizares recomendó examinar individualmente las circunstancias antes de presentar el N-400, especialmente cuando se perdió el contacto con la persona patrocinada.
Los cinco años y la residencia permanente
Por la vía general, el solicitante debe demostrar buen carácter moral durante los cinco años anteriores a su solicitud y hasta completar el proceso. Según Cañizares, esto no establece una espera automática de cinco años desde que terminó la asistencia o el beneficiario obtuvo la residencia.
La abogada también precisó que una denegación de ciudadanía por este motivo no supone, por sí misma, perder automáticamente la residencia permanente ni iniciar una deportación.
