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I-220A no equivale a parole: fallo fija precedente para el Ajuste Cubano

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Un fallo del Undécimo Circuito establece que el I-220A no basta para obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.

La decisión del 17 de noviembre de 2026 convierte ese criterio en precedente del tribunal federal de apelaciones. Su jurisdicción comprende Florida, Georgia y Alabama, tres estados donde esa interpretación tendrá carácter vinculante.

Los jueces rechazaron la petición de revisión de Yoan Aguiar-Fernandez, su esposa Yenisley Gonzalez-Sanabria y su hija. La sentencia del caso Aguiar-Fernandez, expediente 24-12318, tiene 16 páginas y está identificada como una opinión para publicación.

Dos formas de liberación con efectos distintos

El punto central es la diferencia entre salir de la detención migratoria y recibir un parole que permita acogerse al Ajuste Cubano. Aunque ambas figuras permiten permanecer fuera de un centro de detención, los jueces concluyeron que no son jurídicamente intercambiables.

La liberación documentada mediante el I-220A de esta familia correspondía a la sección 1226 de la legislación federal. El parole humanitario, en cambio, está previsto en la sección 1182(d)(5)(A), también conocida como sección 212(d)(5)(A) de la ley migratoria.

Para quienes no fueron inspeccionados y admitidos en Estados Unidos, el tribunal consideró necesario ese segundo tipo de autorización. La libertad condicional bajo la sección 1226 no satisface ese requisito de acceso a la residencia.

La sentencia también recuerda que el Ajuste Cubano exige al menos un año de presencia física y cumplir las condiciones de admisibilidad. Por tanto, acumular tiempo en Estados Unidos no sustituye el requisito de admisión o parole que centró esta disputa.

El argumento de la familia y la respuesta judicial

Los tres cubanos cruzaron la frontera cerca de San Luis, Arizona, el 25 de junio de 2021. Tras entregarse a la Patrulla Fronteriza, quedaron detenidos brevemente y después salieron con formularios I-220A.

Presentaron solicitudes de residencia y pidieron por separado un parole humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó esa petición antes de que concluyera la audiencia sobre sus solicitudes migratorias.

La familia sostuvo que la norma aplicable a su detención inicial solo permitía liberarlos mediante parole humanitario. A partir de ese razonamiento, defendió que debía reconocérseles esa autorización aunque los documentos citaran otra disposición.

El tribunal rechazó esa interpretación. Consideró decisivo qué autorización concedió realmente el Departamento de Seguridad Nacional, conforme a los documentos del expediente, y no cuál debió utilizar para liberarlos.

¿Qué resolvió sobre este expediente?

El fallo impide equiparar automáticamente el I-220A con el parole requerido para el Ajuste Cubano. No constituye una orden de deportación colectiva contra todos los cubanos que poseen ese formulario: resuelve la petición de esta familia y establece el criterio jurídico aplicable.

En el expediente individual, los jueces también mantuvieron la negativa de asilo, de suspensión de la expulsión y de protección bajo la Convención contra la Tortura. La decisión dejó en pie la orden de expulsión a Cuba dictada por el juez de inmigración.


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